A lo largo de 2016, los juzgados de primera instancia e instrucción de Xàtiva y Ontinyent ordenaron el mismo número de lanzamientos de viviendas (la expulsión forzosa de los ocupantes de un inmueble): 69 en cada jurisdicción. Sin embargo, las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dibujan dos realidades muy distintas. En el partido que engloba a los municipios de la Costera y la Canal, el dato total de lanzamientos ha retrocedido un 21% respecto a 2015. El desplome es aún más siginficativo si se reduce el foco a las ejecuciones vinculadas al impago de la hipoteca. En 2016 solo se registraron 36 en todo este ámbito poblacional, un 45% menos que el año anterior. Los restantes 33 casos están vinculados a incumplimientos de la ley de arrendamientos urbanos (inquilinos que no pagan el alquiler a la propiedad) y a otro tipo de procedimientos que desembocan en el desalojo de una vivienda.
Cuando la lupa se posa sobre el partido judicial de Ontinyent, en cambio, los resultados de la radiografía difieren completamente. En el conjunto de la Vall d´Albaida, los juzgados dictaron un 25% más de lanzamientos de inmuebles y un 33% más de ejecuciones hipotecarias, después de practicarse 48 desahucios promovidos por entidades bancarias. Otras 15 intervenciones fueron fruto de la aplicación de la ley de arrendamientos. En cualquier caso, echando la mirada atrás se comprueba que las cifras globales han sufrido un notable retroceso desde 2013, el primer año de registros públicos. Durante ese ejercicio se practicaron 110 lanzamientos en el partido de Ontinyent, de los cuales 72 estuvieron motivados por el impago de la hipoteca. En 2014, el dato bajó a 73 lanzamientos y 58 ejecuciones.
La mediación del Colegio de Abogados con sede en la capital de la Vall se hizo extensiva a 200 casos en 2016 y evitó un buen número de expulsiones de inquilinos. En otras muchas ocasiones, las entidades financieras ofrecen alquileres sociales u otras alternativas.
Piden más medidas
En los juzgados de Xàtiva el recorrido ha sido a la inversa. En 2013 se ordenaron 65 lanzamientos, frente a los 73 de 2014 y los 88 de 2015. Los casos de ejecuciones hipotecarias también experimentaron una escalada durante esos años: 42 en 2013, 50 en 2015 y 65 de 2015. En 2016, la tendencia parece haberse revertido, con 69 lanzamientos y 36 ejecuciones hipotecarias contabilizadas. Comparativamente, el descenso en la sede judicial de la Costera superó al registrado en el conjunto de España, donde la bajada fue del 6,4%.
A finales de 2015, el Ayuntamiento de Xàtiva anunció una serie de acciones que han contribuido a mitigar los deshaucios, como la intermediación de la Policía Local, la búsqueda de alternativas habitacionales o el asesoramiento a los afectados. Aún así, fuentes vinculadas a la lucha antidesahucios aún esperan a que se comuniquen otras medidas a las que se comprometió la corporación en el pleno, como la firma de un convenio con los juzgados o el diseño de un inventario de pisos vacíos en propiedad de los bancos. La PAH eleva el número de desalojos más allá de las cifras oficiales y alerta de que siguen afectando a personas sin ingresos.
