Un año y dos meses después de que la Mancomunitat de la Vall d'Albaida reclamara al Consorcio de Residuos (COR) 600.000 euros por los sobrecostes derivados de los desplazamientos diarios de la basura de la comarca hasta la planta de transferencias de Ròtova, las discrepancias en torno a la cuantía de la indemnización mantienen el conflicto atascado en el laberinto administrativo.
En mayo, el COR acudió al Consell Jurídic Consultiu para que dirimiera la compensación económica que le corresponde abonar, puesto que sus técnicos cifran el importe muy por debajo de las estimaciones de la Mancomunitat, en 81.000 euros. El dictamen, que se ha hecho de rogar, arroja poca luz sobre el proceso. Después de examinar los argumentos de ambas partes, el organismo consultivo -reunido el pasado miércoles bajo la presidencia en funciones del exconcejal setabense José Díez- concluyó que el COR debe indemnizar a la Mancomunitat por no poner en marcha la comprometida estación de transferencia de El Palomar. A raíz de este incumplimiento, achacado a la concesionaria Vytrusa, el ente comarcal sufrió un perjuicio económico más que evidente desde que, en 2014, sus camiones recolectores tuvieron que cumplir la orden de efectuar trayectos superiores a los 30 minutos desde el centro de recogida de residuos hasta el de entrega, vulnerándose así las previsiones contractuales, el Plan Zonal y el proyecto de gestión del COR.
El dictamen, sin embargo, señala que la cuantía indemnizatoria «no queda acreditada» y que el Jurídic «carece de suficientes elementos determinantes» para pronunciarse al respecto, por lo que pide que se abra un procedimiento contradictorio entre las partes.
Para no dilatar más el proceso, en su próxima junta de gobierno el Consorcio aprobará la existencia de responsabilidad patrimonial y dará luz verde al pago de la cantidad aceptada por sus técnicos (81.000 euros), a la espera de abrir otra negociación con la Mancomunitat para tratar de delimitar el importe definitivo. La entidad comarcal reclama con urgencia la inyección para paliar su falta de liquidez. El retraso en el cobro condujo a la contratista comarcal Recisa a amenazar con suspender el servicio de recogida de basura al comienzo del verano.
El margen entre la valoración económica de cada parte es tan grande que el acuerdo se antoja muy complicado. El proceso podría no tener otra salida que el juzgado de lo contencioso: una vía que empañaría el acuerdo de pacificación de las relaciones adoptado en 2016 para poner fin a la guerra de la basura en la Vall d'Albaida. Las dos instituciones chocan en la fórmula empleada para calcular el importe de la indemnización. La entidad comarcal reclama el sobrecoste originado en su servicio de recogida y transporte de la basura de 34 municipios, comparando la situación anterior -cuando los vehículos recolectores descargaban en Bufali- con el nuevo escenario que se crea a partir de la orden de desplazar la basura a Ròtova, que obligó a modificar su contrato con Recisa en 2014.
Enclave emblemático
Los técnicos del COR, en cambio, limitan el coste que ha de asumirse al generado por los recorridos de los camiones recolectores en aquellos municipios cuya distancia de la planta de Ròtova supere los 30 minutos, el umbral máximo definido en el proyecto de gestión. En su informe, consideran que el Consorcio solo es responsable sobre el exceso de tiempo en los trayectos de ida, no sobre los incrementos del recorrido respecto de los puntos de descarga previos a Ròtova que no supongan un trayecto de ida de más de media hora. Para acabar con los sobrecostes que asfixian a la Mancomunitat, la conselleria ha autorizado al ente a volver a transferir en Bufali.
