La Junta de Seguridad convocada ayer de forma extraordinaria por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, para abordar la amenaza del terrorismo yihadista tras los atentados de Barcelona se cerró con un puñado de compromisos acordados por los diferentes estamentos policiales. El primero es la creación de de una Mesa Técnica que estará integrada por los Jefes de la Policía Nacional, Local y la Guardia Civil. Su cometido inicial será la elaboración -«a la menor brevedad posible»- de un exhaustivo documento de trabajo consensuado que recopilará abundante información y analizará el riesgo concreto que existe para la población, los puntos flacos en materia de seguridad y las medidas a adoptar, tanto en el ámbito de la prevención como en el de la reacción, con el objetivo de «afrontar y minimizar cualquier situación excepcional con una atención inmediata y de calidad que ayude a restablecer la normalidad lo antes posible», detalla el Intendente Principal de la Policía Local, Antonio Collado.
Hasta que el citado diagnóstico esté perfilado y puedan concretarse las actuaciones, se ha acordado que cualquier evento festivo con una aglomeración de personas importante será cubierto con dispositivos especiales y contará con barreras de seguridad dinámicas y portátiles en zonas sensibles, una medida que podría quedarse de forma permanente en determinados puntos sí así se considera.
Otra consecuencia de los atentados es el incremento de la visibilidad de los cuerpos policiales en las calles con un propósito disuasorio, pero también para generar un clima de confianza y «seguridad subjetiva». Collado indica que la vigilancia policial se intensificará «prestando atención a todo tipo de movimientos sospechosos en viviendas y actividades». Los cuerpos de seguridad, además, se han comprometido a incrementar el volumen de información compartida y la cooperación recíproca.
Como avanzó este diario, Xàtiva se anticipó a otros municipios a la hora de blindar con medidas de seguridad extraordinarias (se instalaron bloques de hormigón en la Plaza España) y un dispositivo sin precedentes la última Fira d'Agost, antes de los atentados del 17 de agosto. Aunque no con la misma envergadura, la idea es trasladar las medidas extraordinarias a otros eventos con gran afluencia de público. Al mismo tiempo, el Intendente Principal pone énfasis en la necesidad de redoblar la atención sobre los posibles delitos de odio y los episodios de discriminación, xenofobia y racismo que pueden producirse a raíz de la alarma social suscitada, que suele ser aprovechada por grupos radicales. «Vamos a prestar atención tanto a una amenaza como a otra porque, en ambos casos, puede haber situaciones dramáticas que trataremos de evitar con todas nuestras fuerzas», observa.
Mayor cooperación
En la reunión de ayer también se estableció un calendario de actuaciones coordinadas entre las diferentes fuerzas en función de sus competencias, haciendo especial hincapié en la necesidad de garantizar «una respuesta policial ágil y eficaz», que evite «innecesarias duplicidades en las intervenciones» y «optimice al máximo los recursos disponibles».
En la junta de seguridad estuvieron presentes el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias, José María Ángel; el primer teniente de alcalde de Xàtiva, Miquel Lorente; y la edil de Seguridad Ciudadana, Mariola Sanchis; además del comisario de la Policía Nacional, Miguel Ángel Gallut; el capitán de la Guardia Civil, Antonio Carrillo, entre otros miembros de las fuerzas de seguridad y de la Delegación del Gobierno. Cerdà volvió a reclamar que se incremente el número de agentes de la Policía Nacional en la comisaría de Xàtiva, considerado excesivamente reducido para la población que abarca. Fuentes de Delegación indicaron a este diario que se está a expensas de una convocatoria estatal de plazas.
Por otra parte, la Junta evaluó el dispositivo especial de seguridad desplegado en la pasada Fira d'Agost, del que se hizo una valoración «muy satisfactoria». El alcalde destacó el descenso de los expedientes sancionadores de tráfico (se pusieron 118 multas) y de la retiradas de vehículos por la grúa (sólo 37), en un año «año especialmente sensible por los cambios producidos en el organización del recinto de la Fira y la ampliación de calles».
