el pasado domingo tuvo lugar un concierto singular, de música medieval, en el patio de entrada al Palau de la Vila de Ontinyent, a cargo del excelente grupo Capella de Ministrers. El recinto rimaba con la música que se escuchó. Sin embargo, como hizo notar el grupo al solicitar el traslado de escenario, y confirman voces autorizadas, el lugar no era apropiado para este género musical. Máxime cuando existe en Ontinyent un escenario que reúne los requisitos y se encuentra bajo usos mínimos, la iglesia de Sant Miquel, que tras los necesarios trabajos de restauración, podría erigirse en una sala para conciertos o usos afines. El ejemplo a seguir podría ser el nuevo centro de arte con acción social de Bombas Gens, en València, levantado a partir de una antigua fábrica. Una rehabilitación esplendorosa en cuyo equipo de arquitectos ha destacado el ontinyentí Ramón Esteve.
La ocasión para ello la pintan calva, ya que el Obispado de València, propietaria del inmueble, sabe que está en deuda, y grande, con la feligresía ontinyentina, concretamente asciende a unos 23 millones de euros. Los mismos que reposan, o lo que quede de ellos, en sus cuentas bancarias. Y no precisamente en las de Caixa Ontinyent. Fue cuando, transgrediendo la redacción del testamento de la ontinyentina María Nadal, hizo caso omiso de su voluntad y tomó posesión de dicho dineral. Una inmoralidad amparada en ese silencio cómplice y resignado, caso de los representantes de la parroquia de Santa María. Pero también en la impunidad de unas leyes torticeras y obsoletas, sustanciadas en el concordato entre Roma y España.
Por todo ello, a modo de pequeña compensación, el gobierno municipal está legitimado a demandarle al arzobispado la iglesia de Sant Miquel. Al fin y al cabo no sería la primera vez que una antigua iglesia es utilizada para usos sociales, valga el ejemplo de una vieja iglesia de Morella, que a día de hoy alberga el centro de salud del municipio. Por todo ello, y si el gobierno de Jorge Rodríguez lleva el caso a ramos de bendecir, es decir suma, avalado por la justicia de la demanda que le asistiría la llamada iglesia de sant Miquel del raval al patrimonio de la ciudad. Con lo que se encontraría ante un gran proyecto de rehabilitación, al tratarse de un edificio construido a lo largo de los siglos XVI-XVIII, sobre una antigua ermita edificada en el s. XIV.
El alcalde ontinyentí debe saber que, tanto aquí como en Estepona, la iglesia ha venido haciendo un sayo del legado de la Nadal, ya que como se hacía eco esta edición el 14 de julio de 2013, el Obispado de Málaga tuvo una confrontación con varios colectivos de Estepona (cosa que en Ontinyent, aparte de una carta que encabezó el abogado Antonio Lacueva, ya desaparecido, nunca más se movió un dedo), entre empresarios y políticos reclamando la suma de 16,8 millones de euros de dicha herencia. Al representante de los ontinyentins le debería valer, en el hipotético caso de querer negociar el Arzobispado de València, el seguimiento y denuncias que formuló en vida un pariente lejano de María Nadal, Joan Barberá, quién no se cansó de denunciar la falta de transparencia y seguramente el uso indebido del dinero de la herencia. Promesas, como las del arzobispo Osoro en mayo de 2014, las ha habido, pero después ha imperado el silencio.
