El PP de Xàtiva ha mostrado su desacuerdo con la Oferta de Empleo Pública (OEP) extraordinaria anunciada por el equipo de gobierno para consolidar, entre 2018 y 2020, 57 plazas ocupadas desde hace más de 12 años por personal laboral indefinido en régimen temporal o de interinidad. El ejecutivo considera el proceso inaplazable para regularizar «de forma rigurosa y transparente», por concurso-oposición, la situación de un elevado índice de trabajadores que accedió al ayuntamiento sin pasar ninguna prueba selectiva.
Los populares, en cambio, creen que la medida es «una barbaridad», una «vendetta en toda regla» contra «aquellas personas «a las que acusan falsamente de haber entrado a trabajar con el carné del PP en la boca». La portavoz de esta formación, Mª José Pla, censura que la oposición se ha enterado de los planes del tripartito por los propios empleados afectados. «No han tenido ni siquiera la delicadez de abordar el tema en los órganos colegiados del ayuntamiento, antes de anunciarlo a bombo y platillo ante los medios», observa.
Pla niega que los trabajadores estén en situación irregular y que accedieran al puesto por ser ideológicamente afines a su partido. «Los laborales indefinidos fueron consolidados por el gabinete jurídico y pasaron el proceso correspondiente para entrar: unos lo hicieron por bolsa y otros mediante oferta del Servef, con una baremación conjunta de los técnicos del ayuntamiento: los mismos que siguen baremando ahora los procesos selectivos». La portavoz del PP admite que en las últimas cinco legislaturas «se abusó de la contratación de laborales», en lugar de promover procesos para cubrir las plazas con funcionarios de carrera. Pero insiste en que «no entraron de forma ilegal» y en que hay otras fórmulas para subsanarlo. El 59% de la plantilla municipal se encuentra en situación de interinidad, una anomalía que dificulta ciertas tareas en el consistorio reservadas por ley al personal funcionario.
Para Pla, la clave de bóveda de la OEP son las bases de cada proceso, con muchos flecos aún por dirimir. La edil consideraría aceptable que los méritos -el tiempo trabajado y la formación- computaran un 40% y el examen, un 60%. «Si la diferencia es más amplia, veremos que lo que quieren es cargarse a la gente que trabajaba antes y que no colocaron ellos», incide. La portavoz opina que la corporación «ha faltado el respeto» a trabajadores «con mucha experiencia» que «son madres y padres» -muchos con más de 50 años- y «podrían verse en la calle con la vida ya montada».
Otro punto conflictivo son las indemnizaciones que tendrá que asumir el consistorio (del 100%) por el despido del personal laboral que no pase la prueba. «Si siguen con esta historia, a la ciudad le puede costar mucho dinero», advierte Pla, que vaticina un cúmulo de recursos y sentencias. Fuentes municipales limitan la cuantía a asumir y confían en que gran parte de los trabajadores pueda consolidar su plaza y continuar en la plantilla.
«Demasiado precipitado»
La portavoz denuncia el "clamor" y el ambiente de desánimo que cunde entre el personal. Una buena parte de los empleados -expone- no podrá optar al examen porque no cumplen los requisitos académicos que se exigen. La edil de Personal anunció cursos formativos para "ayudar" a los trabajadores y abrió la peurta a jubilaciones anticipadas. Pero el PP ve precipitación en la convocatoria de los procesos -el primero, de carácter teórico, se prevé en marzo o abril de 2018- y "poco tiempo para prepararse".
