03 de noviembre de 2017
03.11.2017

Xàtiva da dos meses al banco para acondicionar Santa Clara y abrir el exconvento al público

El consistorio amenaza con multas a la entidad financiera propietaria del BIC del siglo XIV si no cumple con la orden de ejecución y con la Ley de Patrimonio

03.11.2017 | 09:18
Visita de un grupo de arquitectos y concejales de Xàtiva al convento de Santa Clara, en 2015.

Dos meses. Es el plazo que el Ayuntamiento de Xàtiva ha dado al Banco Santander, bajo amenaza de multa, para acondicionar mínimamente el antiguo convento de Santa Clara y abrirlo al público. Un año y medio después de que la entidad financiera asumiera la titularidad del Bien de Interés Cultural (BIC) de la calle Montcada, el escenario no ha cambiado y el edificio conventual del siglo XIV continúa completamente abandonado, en un precario estado de conservación y cerrado con llave. Ante tales incumplimientos flagrantes de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha firmado una orden de ejecución que emplaza al banco a intervenir ya en el gran complejo de 4.000 metros cuadrados y a definir un régimen de visitas.

La resolución municipal insta al Santander a presentar en el consistorio -antes de comienzos de enero- un plan detallado de medidas básicas a adoptar para garantizar la seguridad del público y de actuaciones de mantenimiento y limpieza periódicas necesarias. En caso de no acatar esta obligación, el consistorio dará parte a la Conselleria de Cultura para que actúe.

La orden del alcalde también urge al propietario a desbrozar, eliminar las malas hierbas y podar los árboles de los patios, donde la vegetación avanza sin control y podría llegar a afectar a la conservación del inmueble y dar lugar a situaciones de insalubridad. Así lo advierte el arquitecto municipal de Xàtiva, José Miguel Benito, en un informe que sustenta el requerimiento municipal.

Por otra parte, el dueño ha de presentar un proyecto de intervención en el edificio que comprenda las obras necesarias para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato exigidas por la ley. El documento deberá obtener luz verde de los Servicios de Patrimonio de la conselleria. En caso de eludir los trabajos requeridos -que incluyen el establecimiento de un recorrido y un horario de visitas-, el ayuntamiento incoará un expediente sancionador contra el titular por una infracción urbanística que podría desembocar en un cúmulo de hasta diez multas coercitivas con una periodicidad mínima mensual, por una cuantía máxima de un décimo del coste estimado de las obras ordenadas, que la administración desplegaría de manera subsidiaria, invocando la Lotup.

En cuanto sea notificado, el banco dispondrá de un plazo de diez días para presentar alegaciones. La ley obliga a los propietarios de inmuebles BIC a conservarlos y a mantener la integridad de su valor cultural, así como a facilitar su visita pública durante al menos 4 días al mes. Desde que, hace 15 años, las religiosas abandonaron Santa Clara por falta de vocaciones, este precepto no se ha respetado. En 2006, una inmobiliaria zaragozana adquirió el vasto complejo conventual para levantar un hotel de cuatro estrellas que terminó quedándose en agua de borrajas con el estallido de la crisis. En abril de 2016, el Santander ordenó en lanzamiento hipotecario del edificio por impagos y se lo quedó.

Un año y medio de omisiones
Aunque el equipo de gobierno de Xàtiva anunció con firmeza que no iba a tolerar que el nuevo dueño siguiera sin cumplir con la ley como su antecesor, lo cierto es que, de momento, el banco ha hecho caso omiso a las peticiones e instancias. La prolongada vacante de arquitecto municipal en la plantilla, que no se cubrió hasta el mes de octubre tras un largo proceso, ha contribuido a demorar el endurecimiento de los trámites.

Aunque la posibilidad de adquirir el monumento no está encima de la mesa, el consistorio mantiene abierta otra vía de negociación con la entidad financiera ante la esperanza de poder conveniar una cesión de mutuo acuerdo. El banco declinó una propuesta inicial del ayuntamiento que le obligaba a ceder el local inscrito en el edificio que recae a la Avenida Selgas -la antigua sede de Cruz Roja- para albergar la nueva Oficina de Turismo, a cambio de nada. El concejal de Patrimonio, Ignacio Reig, señala que se está examinando otra fórmula jurídica «más amable» junto a los técnicos municipales, consistente en una adscripción de uso que pudiera permitir al consistorio disponer de las llaves del exconvento y efectuar labores de mantenimiento y limpieza con algún tipo de contraprestación mínima de índole fiscal para la entidad, que no perdería el pleno dominio sobre el bien. La corporación está a la espera de ese nuevo borrador, que suavizaría las condiciones del anterior. Reig calcula que los trabajos de acondicionamiento necesarios pueden rondar los 6.000 euros anuales.

El consistorio también ha estudiado trasladar los bienes patrimoniales y de mobiliario del interior para ponerlos a recaudo y protegerlos del abandono, pero se ha topado con la negativa del banco.

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