El carrusel de recalificaciones en el que se embarcó el Ayuntamiento de Xàtiva a comienzos del siglo XXI no deja de deparar disgustos judiciales. Una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la Gerencia Territorial del Catastro ha terminado costando 85.000 euros a las arcas municipales. El consistorio va a devolver 60.148 euros del impuesto de la contribución urbana (IBI) cobrado indebidamente desde hace 11 años al propietario de unos terrenos rústicos en el camino de la Quintana, en Bixquert, además de desembolsar 24.332 euros en concepto de intereses. Puede parecer poco dinero para un presupuesto que supera los 25 millones, pero se aproxima a la cantidad ingresada este año por las entradas al castillo de Xàtiva y supera lo recaudado por las licencias de apertura de negocios.
La finca en cuestión, que mide 56.255 metros cuadrados y alberga una construcción antigua de 821 m2 conocida como Casa Mistero, fue catalogada como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el gobierno de Alfonso Rus diseñó en el año 2000. Ese documento dibujó una expansión urbanística desenfrenada que continúa pasando factura al ayuntamiento. Pasados 17 años de su puesta en vigor, el suelo del sector R-9 Foies B (cerca de la urbanización del Mistero) no solo no se ha desarrollado ni ha sido objeto de ninguna actuación, sino que ni si quiera se ha elaborado la correspondiente ordenación pormenorizada, ni mucho menos su reparcelación. El consistorio ha de pagar el precio por incumplir su propio instrumento de planeamiento. La revisión catastral de 2005 fijó en 4,6 millones de euros el valor de la parcela recalificada. Su dueño, Eduardo de Diego Grajera -descendiente de una familia noble de Xàtiva-, impugnó la tasación por considerarla muy alejada del precio del mercado y de la realidad del inmueble, dominado por cultivos abandonados y de uso agrario. En 2014, el Tribunal Económico Administrativo Regional desestimó el recurso del propietario contra Catastro.
Dos años más tarde, sin embargo, el TSJ ordenó que se valorara la finca como rústica y no como urbana, una depreciación a efectos tributarios que obliga a la administración local a devolver la mayor parte de la cantidad ingresada por el IBI entre 2006 y 2010, en una sentencia sin precedentes a nivel local. En 2011, la gestión recaudatoria de Xàtiva fue delegada en la diputación, organismo que a su vez debe devolver las cantidades percibidas desde entonces. De este modo, el importe final que percibirá el propietario será mucho mayor. El tribunal se acoge a la jurisprudencia sentada por el Supremo en 2014, según la cual, a efectos catastrales, solo puede considerarse de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado y el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de la aprobación del instrumento urbanístico que establezca los criterios para su desarrollo. Antes de ese momento, el terreno tiene carácter rústico.
En ese sentido, los magistrados del TSJ ven «inadecuadamente valorada» la finca rural de la Quintana, al carecer de un instrumento urbanístico para su desarrollo. La sentencia anula y deja sin efecto el valor de la ponencia promovida por Catastro en 2005, que dio pie a un enriquecimiento injusto de la administración durante 11 años.
La culpa: un PGOU irreal
En un informe elaborado hace escasos días por el departamento de la contribución, el Ayuntamiento de Xàtiva reconoce el derecho de De Diego de ver retornado el buena parte del desproporcionado IBI que pagaba por la finca: 6.000 euros de más en 2006, 9.000 euros de exceso en 2007, 11.839 euros en 2008, 15.000 € en 2009 y 18.263 € en 2010. A estos importes hay que sumarle los intereses: entre 3.300 euros y 5.900 euros anuales.
El regidor de Hacienda, Ignacio Reig, lamenta que este nuevo revés judicial ha pillado completamente por sorpresa al ejecutivo (se dirigía contra Catastro) y prácticamente agota el presupuesto de 1 millón de euros contraído por el equipo de gobierno para asumir las indemizaciones de los contenciosos derivados de la gestión urbanística del PP. Reig, que teme más pronunciamientos similares, culpa al fracaso del PGOU de 2000, que planificó una ciudad «irreal» de 50.000 habitantes a golpe de recalificaciones.
