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Un juzgado investiga si hubo delito en la enajenación de la parcela del castillo de Xàtiva

El Defensor del Pueblo atribuye a un «error» el retraso de más de un año en notificar la causa, cuando la finca BIC ya se ha revertido y vuelto a manos públicas

Un juzgado investiga si hubo delito en la enajenación de la parcela del castillo de Xàtiva

El juzgado de instrucción nº 4 de Xàtiva mantiene abierta una causa que investiga si el Consell del PP incurrió en posibles delitos por autorizar la enajenación de una parcela del conjunto protegido del castillo de Xàtiva en 2014 en favor de la empresa propietaria del hotel Montsant. La asociación Círculo por la Defensa del patrimonio Cultural envió a la Fiscalía Provincial de València el 1 de febrero de 2016 una denuncia alertando de un posible «expolio contra el patrimonio cultural» por la desafectación del dominio público de la finca, de 2.285 metros cuadrados. Hasta hace unos días, sin embargo, el colectivo no había obtenido respuesta a su denuncia y desconocía la existencia de la causa judicial, que no había trascendido.

Ante el aparente extravío del escrito interpuesto ante la Fiscalía, el Círculo presentó sendas quejas ante el Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo, que el pasado 29 de diciembre resolvió por fin el misterio a través de un escrito en el que atribuye a un «error» judicial que no se notificara a la parte denunciante la incoación de las diligencias de investigación penal el 22 de febrero de 2016.

El 8 de agosto de este año, el caso fue remitido por la Fiscalía al decanato de los juzgados de Xàtiva para determinar si los hechos podían ser constitutivos de infracción penal. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, informa a la asociación de que el fallo de comunicación se subsanó el 21 de agosto de 2017 y de que las actuaciones se encuentran actualmente en fase de instrucción.

El Círculo remitió la denuncia sobre la «desafectación ilegal» haciendo uso de la sede electrónica del Ayuntamiento de València, el método que la entidad considera «más sencillo, ágil y económico» para presentar quejas y denuncias ante la administración pública valenciana. Sin embargo, han tenido que pasar casi dos años para conocer la apertura del proceso judicial. La notificación, además, se produce dos meses después de que la polémica parcela del BIC del castillo haya vuelto a manos públicos y forme de nuevo parte del patrimonio de la Generalitat. Una resolución de la Conselleria de Hacienda revirtió en octubre el polémico procedimiento de enajenación a petición del actual gobierno municipal de Xàtiva, que enmendó así la decisión del anterior Consell, respaldada en su día por el ejecutivo de Alfonso Rus. «Nuestra denuncia parecía haberse evaporado y nadie nos resondía. No sabíamos nada de nuestro expediente», indicaron ayer los responsables del Círculo en un comunicado, en el que recuerdan que «no es la primera vez que una administración pública pierde misteriosamente una de nuestras denuncias». El Síndic de Greuges ya reprendió al Ayuntamiento de València por no notificar el traslado del expediente a la Fiscalía.

Piden «depurar responsabilidades»

La intención de la propietaria del hotel Monstant con la adquisición de la parcela era habilitar ocho nuevas cabañas en las inmediaciones para incrementar el número de alojamientos. Sin embargo, Inelcom renunció a esta posibilidad cuando, en mayo de 2017, decidió cancelar el controvertido proyecto de construir un museo de arte contemporáneo en plena ladera del castillo.

Las plataformas defensoras del patrimonio que se opusieron a la desafectación no dudan en que la denuncia interpuesta por vía penal ante la Fiscalía influyó en la decisión del alcalde de Xàtiva y de la conselleria de anular la operación promovida bajo el mandato del PP, después de que las firmas del munícipe y del conseller de Cultura rubricaran en 2015 la reducción del conjunto BIC del castillo, una decisión cuya legalidad también fue cuestionada.

La denuncia pedía paralizar el proceso y depurar responsabilidad políticas por la segregación «ilegal». El Círculo alertó de que podía haberse cometido un delito de prevaricación y recordó que los bienes municipales de dominio público son «inalineables, inembargables e imprescribles».

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