El TSJ condena a Aielo a indemnizar a unos vecinos por el ruido de un bar

El ayuntamiento suspendió en 2013 la actividad del establecimiento hostelero hasta que se garantizara el cumplimiento del nivel de aislamiento exigido por la normativa. Sin embargo, los vecinos, que remontan la problemática a 1997, recurrieron la resolución por considerarla insuficiente y pidieron la anulación total de la licencia de actividad y apertura. Esta solicitud fue declinada tanto por la juez como por la corporación municipal, que defiende que no quedó acreditado el incumplimiento de la normativa de ruidos porque los denunciantes «no permitieron realizar en su domicilio una tercera auditoría acústica por parte de la Policía Autonómica». En su apelación ante el TSJ, el ayuntamiento señaló «errores e incongruencias» en la sentencia condenatoria y subrayó que el bar ya ha bajado la persiana y no se encuentra en funcionamiento. Al mismo tiempo, la administración local considera no motivada la indemnización que se le reclama y niega la inactividad que se le reprocha. El consistorio acordó en junio de 2011 el cierre provisional del local, si bien más tarde concedió la licencia ambiental en abril de 2012, de acuerdo con un informe favorable de la comisión autonómica, condicionado a la realización de una auditoría acústica, la cual se llevó a cabo en octubre «con resultado favorable», según la defensa municipal.

Por su parte, la representación de los vecinos rechazó los argumentos municipales y censuró la «pasividad» de la administración durante años «consintiendo que el local siguiera abierto a pesar de los informes desfavorables». Los residentes sostienen que nunca se acreditó que el establecimiento cumpliera las condiciones exigidas y que, en cambio, sí se probó que se superaban los niveles de ruido máximos permitidos. En la sentencia de instancia, la juez alude a mediciones efectuadas por la propia administración donde se habría constatado este último extremo. Respecto a la tercera auditoría que no se practicó por la negativa de los vecinos, los denunciantes alegan que, en el momento del requerimiento de la Policía, el local «había ido a menos y casi no tenía clientes», por lo que resultaba complicado «señalar un día concreto o unas horas para realizar la medición» y sería «casi imposible» que el informe resultara favorable para los afectados. El comisario jefe aceptó los argumentos y no consideró oportuno realizar la medición. Frente a las tesis municipales, el TSJ sostiene que la culpa de este hecho no fue de los vecinos y, aunque mantiene la indemnización para el consistorio, la rebaja a 3.000 euros. La sentencia no es firme, pero la corporación ha declinado recurrirla.

A la espera de otra auditoría

Los denunciantes, por su parte, trasladaron al tribunal su temor a que la actividad del bar se pueda reanudar en cualquier momento porque la licencia no ha quedado anulada. Aunque el establecimiento permanece cerrado, fuentes municipales admiten que sus responsables están a la espera de una nueva valoración acústica para intentarlo reabrir.

El alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan, resta importancia a la condena por la reducida cuantía económica que impone al ayuntamiento y remarca «que se trata de un tema de discrepancias entre particulares» del que exonera a su administración, que, a su juicio, ha actuado conforme a los informes y resoluciones judiciales. «Recurrimos a la policía para que hicieran indagaciones acústicas, pero no les dejaron entrar en la vivienda», reitera el primer edil.

Por su parte, el grupo socialista de Aielo va a solicitar el expediente de la actuación municipal frente a las denuncias vecinales. Lo consideran «un grave caso de inacción»