El juzgado de instrucción nº1 de Xàtiva ha dado carpetazo a la causa que, desde 2016, investigaba las posibles irregularidades derivadas de los sobrecostes de 6 millones de euros con los que se zanjó la polémica remodelación de la plaza de toros. La magistrada Susana Company ha decretado el archivo provisional de las diligencias seguidas contra el exconcejal de Urbanismo, Vicente Parra, y el arquitecto municipal, Antonio Vela, al concluir que no existen indicios de los delitos contra la administración pública por los que se les investigaba.

El auto de archivo dictado por la jueza -que no es firme y admite recurso- echa por tierra el informe pericial que el consistorio gobernado por el PSPV, Esquerra Unida y Compromís encargó en 2015 y que motivó la apertura de una pieza judicial separada dedicada a los sobrecostes en el marco de otra investigación penal previa que salpica al arquitecto y que se focalizó en la parte técnica del pliego y el proyecto de obra. El tripartito quiso ir un paso más allá y presentó las mediciones practicadas en la plaza por dos ingenieros externos como la prueba definitiva de que la corporación comandada por Alfonso Rus había incurrido en una presunta malversación de caudales públicos, tras detectarse un supuesto desfase de 900.000 euros en unidades de obra certificadas y no ejecutadas.

Sin embargo, después de tomar declaración a los investigados y de examinar la pericial, la magistrada concluye que la perpetración del delito «no ha quedado suficientemente acreditada, ni siquiera indiciariamente», por lo que descarta abrir juicio oral contra los acusados, entre los que también se incluye el responsable de la consultora que diseñó y dirigió la obra, Alberto Domingo. La jueza no ve «trascendencia penal» en los hechos investigados e invita a «dilucidar» la «controversia» que denuncian los actuales responsables municipales «en el orden civil».

El citado informe, que constituye el único soporte probatorio examinado en la denuncia, quedó muy «desvirtuado» -en palabras de la magistrada- durante el transcurso de la fase de instrucción. En su declaración como investigado, el representante de la consultora hizo hincapié «no solo en la complejidad, innovación y envergadura de la obra ejecutada desde un punto de vista técnico», sino también en la intervención «de profesionales de reconocido prestigio internacional», para poner de relieve la difícil labor que tenían los técnicos externos para dilucidar el coste de los trabajos. Según se desprende del auto judicial, el investigado desgranó todas las unidades de obra controvertidas y aportó documentación gráfica que condujo a los peritos firmantes del estudio municipal a «hacer rectificaciones de sustancial importancia en su conclusión económica».

Los técnicos contratados por el ayntamiento tuvieron que efectuar una corrección relativa al recrecido de los muros, una partida de obra que se calificaba como no realizada y se valoraba negativamente, cuando, en realidad, este extremo no había podido ser comprobado. La defensa del ingeniero aportó una fotografía que mostró que sí había recrecidos ejecutados. Los peritos de la acusación alegaran que su actuación había venido motivada porque se trataba de una partida «carísima», un hecho que para la jueza «pone de relieve la gravedad del error y la falta de rigurosidad» del estudio. En el mismo sentido, las mediciones externas advirtieron de la oxidación del anillo de la plaza de toros y determinaron que la partida de nimio no se había llevado a cabo «sin tomar en cuenta otras posibilidades, como que se debiera a una defectuosa ejecución, a la mala calidad del material o a un mantenimiento deficitario, dado que se trata de una obra ejecutada 10 años atrás», agrega el auto. Los peritos admitieron que existían otras intervenciones que no se tuvieron en cuenta porque no constaban en el proyecto, así como partidas imposibles de valorar por el transcurso del tiempo cuya relevancia económica habría alterado la conclusión del informe. Es el caso de la pintura gris que reviste la obra, los cuartos de baño, las luminarias, las líneas de vida, la separación de juntas de hormigón o las aperturas provisionales, entre otros elementos.

Información no facilitada

La jueza reprocha a los autores de las mediciones que hablen de la sobredimensión de la obra a pesar de que no contaron con toda la documentación necesaria y de que incluso desconocían el presupuesto y el proyecto original. Preguntados por la ausencia de información vital para redactar el estudio, los peritos argumentaron en sede judicial que la solicitaron al ayuntamiento pero «no les fue facilitada». Así, faltaban planos e incluso hojas del proyecto modificado de los trabajos, un hecho por el cual hubo unidades de obra que no se pudieron valorar y que se marcaron en naranja en el informe. Uno de los peritos admitió que, de haber tenido esos datos, su conclusión hubiese sido distinta, para acabar manifestando que «lo hizo lo mejor que pudo en el tiempo del que dispuso». A todos estos razonamientos, la jueza Company añade otro más, al zanjar que «no existe indicio alguno por el que se pueda inferir la apropiación o distracción de fondos públicos por parte de ninguno de los investigados».