El gobierno municipal de Xàtiva no está dispuesto a arrojar la toalla en la batalla judicial por los sobrecostes de la plaza de toros. El regidor de Hacienda y responsable de la gestión del coso, Ignacio Reig, anunció ayer que el ayuntamiento -bajo el control de PSPV, EU y Compromís- va a recurrir el auto dictado por el juzgado de instrucción nº1 de la localidad que -como adelantó Levante-EMV- archiva provisionalmente la investigación iniciada en 2016 sobre las presuntas irregularidades en las obras de remodelación de la plaza, que terminaron costando 6 millones de euros más de lo presupuestado.
El consistorio, parte personada en la causa, encargó en 2015 un informe pericial a dos ingenieros externos cuyas mediciones en el complejo arrojaron un desfase importante entre la obra certificada y la efectivamente ejecutada. En un primer momento, la magistrada Susana Company apreció un posible delito contra la administración pública en la modalidad de fraude y abrió por iniciativa propia una pieza separada a partir de una instrucción penal anterior iniciada en 2013 que va a sentar en el banquillo al arquitecto municipal Antonio Vela por presuntas anomalías en el proceso administrativo de la redacción y adjudicación del proyecto.
Vela también fue citado como investigado en la nueva ramificación de la causa, junto al exconcejal de Urbanismo Vicente Parra y el responsable de la consultoría externa que se encargó de la dirección de obra, el Doctor Ingeniero de Caminos Alberto Domingo. Los tres tuvieron que responder por los sobrecostes en sede judicial, pero, después de tomarles declaración y de examinar la pericial presentada por el ayuntamiento, la magistrada ha decidido exonerarlos y dar carpetazo a las diligencias. En su auto, la jueza concluye que la perpetración de delito no ha quedado acreditada ni siquiera indiciariamente y sostiene que las mediciones de los ingenieros contratados por la corporación municipal no son suficientemente rigurosas y están plagadas de lagunas, imprecisiones y errores.
Desde el equipo de gobierno de Xàtiva expresaron ayer su «máximo respeto» a la decisión judicial, a tiempo que lamentaron el archivo de la pieza. Fuentes municipales avanzan que los servicios jurídicos del consistorio van a recabar más información para averiguar si el Ministerio Público se ha pronunciado sobre el cierre del caso y si respalda la resolución. «En cualquier caso, nuestra intención es recurrir el sobreseimiento, si es necesario ante la Audiencia Provincial», subraya a este diario Reig. El edil de Servicios Públicos mantiene que «la ciudad clama por que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades por los sobrecostes del 100% en la plaza de toros», ante el perjuicio que considera generado a las arcas públicas. El ejecutivo también medita solicitar más diligencias de investigación.
El también portavoz del PSPV recuerda que su partido ejerce de acusación particular en la causa principal de la adjudicación de los trabajos, cuya fase de instrucción ya se ha cerrado, a la espera de que este año se fije la fecha del juicio del arquitecto municipal, que se enfrenta a una posible pena de prisión e inhabilitación por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y falsedad documental.
Sin responsabilidades políticas
En dicha investigación, la jueza solicitó el procesamiento del técnico por supuestos amaños en el proyecto y la licitación del mismo. Pese a ser liberado provisionalmente de la imputación por los sobrecostes autorizados bajo el mandato de Alfonso Rus, Vela sigue aguardando a ser juzgado por la primera causa, mientras se encuentra suspendido de empleo y sueldo por el consistorio, acusado de incumplir la ley de incompatibilidades por el hecho de compaginar su plaza pública con una actividad privada en la que ejercía como administrador mancomunado de una sociedad dedicada a prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en la elaboración de proyectos de arquitectura e ingeniería. «Esperamos que esta causa llegue a su fin y se asuman responsabilidades», observa Reig.
De momento, el juzgado ha cerrado la puerta a sentar en el banquillo a los representantes políticos que coordinaron la macroinversión de 12 millones de euros en la infraestructura remodelada hace una década, que ahora es pasto del abandono y la oxidación: desde 2016 no ha tenido uso. «De momento sentimos decepción: los ciudadanos de Xativa esperan que se llegue hasta el final con los sobrecostes y se purgue tanto a técnicos como a políticos», zanja Reig.
