Dos meses después de publicarse la Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria por los cauces oficiales y con todos los trámites en marcha, una enmienda parcial de la Delegación de Gobierno ha obligado al Ayuntamiento de Xàtiva a rectificar ligeramente el guión de las oposiciones programadas en cuatro fases, entre mediados de este año y 2020. De las 57 plazas ocupadas por trabajadores interinos que se convocaron a finales de 2017, cinco acaban de retirarse del procedimiento por incumplir los requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos del Estado, según la cual las vacantes tienen que haber estado copadas «de manera ininterrumpida» por temporales desde antes de 2005.
El consistorio hizo entrega al organismo estatal de abundante documentación relativa al proceso de regularización de su plantilla, incluyendo todos los contratos de los empleados afectados. Una vez examinada, la Delegación emitió el 1 de febrero un requerimiento de anulación parcial de la convocatoria que hace referencia a cinco de las plazas ofertadas: tres están ligadas al personal funcionario (una de auxiliar de administración general, una de técnico auxiliar de biblioteca y una de auxiliar de equipamientos públicos), y otras dos son de personal laboral (una de operario y otra de oficial). La junta de gobierno local acordó ayer retirar las cinco en cumplimiento de la orden del Gobierno.
La normativa estatal que sirve de encaje legal a la regularización promovida por el tripartito de Xàtiva exige que las plazas que conformen la oferta pública estén dotadas presupuestariamente y que, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan estado ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal. Entre las plazas que sí han sido finalmente validadas figuran dos técnicos medios de gestión, 5 auxiliares, 5 administrativos, 8 subalternos, un arquitecto técnico, 4 ingenieros técnicos, un educador social, un técnico medio de promoción lingüística, dos técnicos auxiliares de informática, dos auxiliares de turismo, un auxiliar de biblioteca, un auxiliar de equipamientos públicos, un oficial de actividades deportivas, dos oficiales rurales, nueve oficiales generales y siete peones.
Fuentes del equipo de gobierno restan importancia a la rectificación y atribuyen el requerimiento de la Delegación a «una cuestión de burocracia» que no interfiere en los planes globales porque «solo afecta a una pequeña parte de las plazas convocadas». En algunos casos, precisan, los puestos no han estado ocupadas sin interrupción por empleados temporales «solo por unos días». Aún así, la regidora de Personal, Empar Penadés, garantiza que las 5 plazas anuladas en la convocatoria de 2017 «volverán a sacarse en la oferta de empleo de 2018» sin obstáculos por parte del Gobierno.
Críticas del PP
A juicio de la portavoz del PP, Mª José Pla, en cambio, la paralización de esos puestos demuestra que sus críticas eran fundadas. «Desde el primer momento dijimos que el afán de venganza y de asociar las plazas a determinados nombres le podía jugar una mala pasada al equipo de gobierno», señala. «Esto desmonta la acusación de que los trabajadores afectados son enchufados. Los puestos no eran ad hoc: se fueron ocupando y desocupando según las necesidades», insiste Pla, partidaria de otras fórmulas como la promoción interna o la consolidación para regularizar a los temporales.
Aunque la primera fase de la OEP extraordinaria de 2017 estaba prevista para marzo, los exámenes van a retrasarse -no más allá del verano, según subraya Penadés- después de haberse comprometido el consistorio a ofrecer formación a los empleados que han de presentarse. Los cursos podrían comenzar el mes que viene. Las bases del proceso todavía están negociándose con los sindicatos.
