La moción de Compromís per Ontinyent solicitando el apoyo para pedir que el expresidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps, abandone el Consell Jurídic Consultiu (ya que la normativa actual no contempla tal eventualidad), ocupó casi la mitad del pleno municipal de la semana pasada. Además, puso de relieve que el PP está solo defendiendo a los corruptos. El amparo con el que trataron de salvar las ofensas y agravios de un presidente ignominioso hacia Ontinyent puede provocarles un auténtico harakiri. Inusualmente fue un debate que convenía escuchar públicamente, amén de esclarecedor.
El representante de Cs, además de buen pitoniso al avanzar el resultado de la votación, puso el dedo en la llaga al manifestar la necesidad de suprimir el Consell Jurídic Consultiu (o chiringuito político, como lo reputo). A la vista de lo expresado por la portavoz ontinyentina del PP, en el papel de abogada del diablo, quedó retratado este partido. Empezó defendiendo los derechos constitucionales de Camps, al tiempo que ignoraba sus obligaciones de honradez, decencia o de ética, con lo que invalidó todo su discurso. Copió y ratificó las palabras de la popular Mª José Catalá en les Corts. No dudó en infravalorar la postura de los representantes políticos ontinyentins en este asunto. Recurrió al uso verbal fraudulento, cuando arrojó el peyorativo «franquismo» sobre el resto de grupos políticos, con la pérfida intencionalidad de estigmatizarlos. Cínicamente espetó: «Lo que para usted son conductas incorrectas, para mi pueden ser todo lo contrario». También hizo uso malévolo del concepto «arbitrario», achacándolo a los grupos representativos democráticos por querer hacer llegar la voz de la ciudadanía ontinyentina, en forma y fondo, donde corresponde. Cerrando los ojos ante la indignación de la población ontinyentina, por las continuas mofas del gobierno de Camps, que se tradujeron en los comicios de 2015 en un auténtico grito de furia democrática, dejando la representación municipal de los populares de 11 en 3 regidores. La portavoz del PP justificaba la inocencia de Camps con la existencia de los tribunales de justicia, como si estos o las leyes fuesen infalibles, obviando la falta de división de poderes que hay en este país. La portavoz del PP mintió cuando dijo que Camps no está siendo «investigado» (ver hemeroteca de Levante EMV o «Camps, citado a declarar como investigado por la Fórmula 1», RTVE, etc.).
Fue la oratoria de la portavoz del PP un ejemplo espeluznante de lo que significa la deriva, la petulancia y el empecinamiento en negar lo evidente. Una exposición trufada de frialdad, indolencia ética o de indiferencia, ante el daño irreparable causado por los de Camps. Menospreciando a la mayoría de grupos, al achacarles «rencor». Una animadversión que Mercedes Pastor confundía con ese deseo de la mayoría de la ciudadanía, el de no querer seguir pagándole 140.000 euros anuales a Camps. Dado su acreditado y poco honorable quehacer como máximo gobernante de los valencianos.
Tanta vehemencia en la temeraria defensa de Camps solo se justifica por parte de Pastor en querer terminar de hundir en Ontinyent los pocos restos del naufragio que obtuvo el PP en 2015.
