n El empresario y novelista de Ontinyent Ramón Cerdá Sanjuán, creador del vivero de sociedades exprés del que nacieron algunos de los casos de corrupción más sonados de España, ha encajado su tercera condena judicial. Cuando se cumple un año de la sentencia de la Audiencia Nacional que le impuso 13 años de cárcel por su vinculación con una trama de fraude que se servía de sociedades pantalla creadas por él para eludir el pago del impuesto del IVA a escala masiva, una nueva resolución de la sección 3ª del mismo órgano judicial ha acordado para Cerdá dos penas de 30 y 20 meses de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
La Audiencia atribuye al ontinyentí un rol de «organizador» en otra red idéntica que habría defraudado al fisco casi 3 millones de euros, una cantidad que ahora él y los 13 condenados restantes son conminados a devolver a la administración en concepto de indemnización, junto con una multa del 125% de la cuota del desfalco.
La práctica orquestada por el ontinyentí en cooperación con los demás empresarios acusados condujo a la Justicia a dividir la instrucción en 5 piezas que atendían al nombre de cada una de las sociedades finales distribuidoras autoras del fraude. En esa estructura criminal, donde el único que no confesó su culpabilidad en sede judicial fue Cerdà, la sentencia considera probado que el negocio del novelista consitía en ofertar sus sociedades para la venta, a través de Internet o e cualquier otro medio, ofreciendo a los potenciales compradores un «testaferro» como adminitsrador, con lo que la sociedad se desvinculaba aparentamente del nuevo dueño. En algunas ocasiones, los testaferros eran reales, personas con escasos medios económicos que, por una pequeña remuneración, accedían a convertirse en administradores aparentes y a abrir cuentas bancarias a nombre de las sociedades implicadas, obteniendo de los bancos , además, las claves de internet que facilitaban al dueño real real de la empresa y le permitían hacer cuantas transacciones bancarias quiera.
Otras veces, el acusado buscaba a personas que se identificasen en las notarías bajo una identidad suplantada, presentando un DNI de personas sin relación ni conocimiento de los hechos. Para engañar a los notarios, cambiaban la fotografía del veradadero titular por la del suplantador puesto por Cerdá. Según consta en la sentencia, desde su base de operaciones de la calle Rafael Juan Vidal de Ontinyent, el empresario creó sociedades pantalla por las circulaban cantidades millonarias de dinero «cuya única finalidad era permitir que terceros distribuidores defraudaran a Hacienda a cambio de la correspondiente comisión que se repartían los miembros de la organización».
Sociedades «trucha»
Las empresas de la red aparentaban transmisiones, entregas y transportes de bienes y mercancías que eran simuladas y ficticias, acreditándolas mediante documentos confeccionados al efecto que servían para repercutir cantidades por IVA que no eran reales. Se trata de sociedades llamadas «trucha», que no tienen capacidad logística ni mercantil, que no pueden ser halladas en ningún domicilio y que omiten sistemáticamente el pago a favor de la Hacienda Publica del IVA devengado.
Al cubrir el máximo punitivo legalmente previsto, la Audiencia absuelve a Cerdá del delito de asociación ilícita.
