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El Supremo rechaza indemnizar a la médica de Enguera que pasó 17 días en la cárcel antes de ser absuelta

La exedil, cuya inocencia se probó en la trama de las recetas falsas, denuncia el daño que le causó la medida

n Pasó 17 días encerrada en prisión y tres años bajo la sombra de la sospecha. En 2014, un juez turolense la envió a la cárcel de Picassent por su supuesta participación en una red de recetas falsas y tráfico de medicamentos. Pero Rosa Carmen A. G. demostró su inocencia y la Audiencia Provincial de Teruel acordó su libre absolución, en octubre de 2017. Una vez concluido el espinoso calvario de la instrucción, la médica y exconcejal de Enguera quiere que se reconozca el error judicial que erosionó su intachable reputación profesional. El 2 de enero, interpuso una demanda en el Tribunal Supremo contra el auto del juzgado nº3 de Teruel que ordenó para ella prisión preventiva. Pero la sala de lo penal del máximo órgano judicial ha decidido no admitirla a trámite, cerrando la puerta (de momento) a la indemnización por daños morales que reclama la profesional.

La defensa de Rosa Carmen denuncia que los argumentos sobre los que se sustentó la medida del magistrado de primera instancia «no se sostienen». La sentencia de la Audiencia considera probado que la hermana farmacéutica de la médica fue la única responsable del fraude de 22.000 euros al Servicio Aragonés de Salud que motivó el procedimiento. Desde su farmacia de Palomar de Arroyos, Amparo compraba medicamentos y los introducía posteriormente en el mercado fuera de los canales estipulados por la ley, empleando cientos de recetas en papel dispensadas a pacientes de su entorno familiar y vecinal. A espaldas de la facultativa, la única condenada por el caso se hacía con recetas oficiales selladas y firmadas por su hermana (en blanco) para obtener fármacos que luego facturaba de forma indebida a la sanidad pública después de quitarles el cupón.

Rosa Carmen permaneció en Picassent del 13 al 29 de agosto de 2014, hasta que pagó una fianza de 40.000 euros para poder salir. 17 días de privación de libertad que «afectaron gravemente a la honorabilidad y reputación» de la médica de familia, de «un entorno muy conocido». La estancia en prisión «perjudicó notablemente a su salud, su profesionalidad y su economía», puesto que se le embargó el sueldo y perdió el trabajo. La demanda considera que, aún cuando los indicios podían ser suficientes para imputar a la médico, «no lo eran para adoptar la medida de prisión», al tratarse de una persona «sin antecedentes penales, con un fuerte arraigo, trabajo y familia» que «no iba a eludir la acción de la justicia». Además, toda la implicación y daño que se le atribuía consistía en un perjuicio al sistema de salud de 8.699,31 euros.

Grave daño reputacional

Tras examinar la demanda, sin embargo, el Ministerio de Fiscal dictaminó que la decisión de enviar a la cárcel a Rosa Carmen «no merece el calificativo de disparatada, ni siquiera de errónea o improcedente», afirmación que comparten los magistrados del Supremo. El fiscal sostiene que, en la fase inicial de la investigación judicial, la medida fue «razonable». El auto del Alto Tribunal, que impone las costas a la médico, subraya que «no se incurrió en un error grosero o clamoroso», sino que el ingreso en prisión «se presentaba como la decisión más ajustada a la ley» en base a las pruebas recabadas por los agentes de la Guardia Civil de los posibles delitos estafa y falsedad, así como para evitar la reiteración delictiva. En cualquier caso, el Supremo sugiere que existen otros cauces indemnizatorios que la afectada podría explorar.

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