Otro varapalo judicial derivado de la gestión anterior y que hereda el actual equipo de gobierno. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado la razón a la constructora de la Ciutat de l'Esport de Xàtiva, Acciona, por los sobrecostes de la obra que la anterior corporación no reconoció. La sentencia confirma una anterior en el mismo sentido de marzo de 2016 que el consistorio recurrió y que ya obligaba a pagar más de un millón de euros. Ahora, las previsiones municipales en caso de condena se han visto superadas: el tribunal señala que el Ayuntamiento de Xàtiva ha de pagar alrededor de millón y medio de euros. En todo caso, el equipo de gobierno que preside Roger Cerdà no quiere darse por vencido y presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de batallar en la última instancia posible para poder librar a las arcas municipal de este duro golpe.

Según ha podido saber este diario, esta era la última sentencia que se esperaba del caso de los sobrecostes de la Ciutat de l'Esport. En la auditoría de la deuda municipal que la nueva corporación surgida de las urnas en 2015 ya se tenía en cuenta la posibilidad de una condena. Y ésta se cifraba en 1,1 millones de euros. Sin embargo, los números son aún peores para el consistorio. Así, la sentencia reconoce en favor de Acciona Infraestructuras, SA, por un lado 375.666 euros «por obras recogidas y ejecutadas» en un proyecto complementario cuya a probación por parte del Ayuntamiento de Xàtiva al actual equipo de gobierno no le consta. Y por otro, 670.021 euros más IVA por trabajos realizados al margen del proyecto original y del modificado. Además de 62.549 euros, más IVA, correspondientes al equipamiento del llamado pitch & put y 24.124 euros más IVA en concepto de reparaciones ejecutadas durante el periodo de garantía. A todo ello hay que sumarle los intereses de demora (un 3% anual) generados desde 2011, año de finalización oficial de la obra.

Además de recurrir la sentencia del TSJ y agotar así todas las vías judiciales posibles, el consistorio no descarta una acción paralela a ésta: el inicio de acciones penales contra los responsables de estas operaciones, todas ellas generadas en la etapa del PP y que tanto trastocan la gestión municipal.