18 de abril de 2016. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía inspeccionan la nave de la empresa pública de Canals, Risoncha, SL y detectan múltiples irregularidades relativas a la falta de adecuación del centro especial de empleo, que facilita la inserción laboral de personas con discapacidad y opera sin licencia de actividad. 11 de enero de 2018. La Conselleria de Economia notifica una sanción a la firma por no haber «aportado la documentación requerida» de forma reiterada por el Servicio Territorial de Industria y Energía, primero el 28 de febrero de 2017 y, luego, el 27 de abril de 2017. En este último requerimiento, la administración autonómica emplazaba al «cese automático» de la actividad en la nave.
Un año más tarde, el Ayuntamiento de Canals prepara para finales de este mes el traslado de los trabajadores de Risoncha a otro complejo industrial que cumpla con la normativa de seguridad. Las dudas y reproches que planean sobre la gestión de la mercantil monopolizaron buena parte del transcurso del último pleno del 29 de marzo. En un escenario de gran tensión, el equipo de gobierno tuvo que dar explicaciones públicas por primera vez a raíz del cese del concejal socialista Antonio Orea como delegado de Risoncha, que se materializó a finales de febrero con el apoyo de 3 de los 4 socios que componen el ejecutivo. El PSPV votó en contra.
Los dos grupos de la oposición, PP y Reiniciem Canals, arremetieron duramente contra Orea tras desvelar que el regidor responsable de la firma pública no informó en ningún momento ni al consejo de administración ni a la asamblea general ni en ningún otro órgano de los graves problemas que, a juicio del portavoz popular Antonio Pérez, llegaron a «poner en peligro la continuidad» de Risoncha. Las deficiencias tampoco fueron trasladadas oficialmente a todos los trabajadores y a sus familiares hasta una fase muy avanzada del procedimiento.
El alcalde, Ricardo Requena (Gent de Canals) descargó la responsabilidad sobre Orea. «Le quitamos la regidoría (de Risoncha) porque entendimos que había habido negligencias», aclaró en el pleno. «En cuanto fuimos conocedores de la problemática, nos pusimos a trabajar para solventarla lo antes posibles», manifestó el primer edil a continuación, tras acharcar la situación a la «falta de tiempo y dedicación» del concejal.
Requena, liberado para desempeñar el cargo, ha asumido la ponencia de la empresa pública. «Hacía falta una intervención rápida tanto para adecuar la nave como por otros procesos abiertos [en Risoncha] con la Inspección de Trabajo o con Prevención de Riesgos Laborales», incidió.
Dos años de «opacidad»
El portavoz de Reiniciem, Vicent Tornero, puso contra las cuerdas a Orea echándole en cara la opacidad frente a las irregularidades y pidiéndole que dimita de las concejalías de Hacienda y Patrimonio, al considerar que no actuó con la diligencia debida desde que la Policía se personó en la nave en 2016. Orea admitió que el caso «posiblemente tenía que haberse tratado» en el consejo de administración de la mercantil, si bien alegó que, hasta 2017, no reparó en que la instalación industrial «nunca había tenido la licencia de actividad porque nunca se había solicitado», una deficiencia que atribuyó a la etapa de gestión del PP. «Cuando intentamos regularizar la situación, -agregó- los técnicos advirtieron de que la nave no podía reunir las condiciones exigidas, por lo que había que cambiar de instalación». Para Tornero, sin embargo, «no es responsable estar desde abril de 2017 con un aviso de cierre de la actividad» y con los «déficits de seguridad existentes notificados por las autoridades competentes» sin informar si quiera a los afectados. «En ningún momento ha habido riesgo para los trabajadores», replicó Orea.
Otro de los aspectos reprochados al exdelegado de Risoncha es que dejó escapar varias subvenciones de la Generalitat para fomentar el empleo de personas con discapacidad: la principal misión de la mercantil. En enero de 2018, el Servef dio por desistida la solicitud de una ayuda económica al no haber aportado el consistorio la documentación requerida tras varios meses de espera.
El portavoz del PP ya pidió la dimisión de Orea a comienzos de febrero por la pérdida de financiación, relacionada con los dos años que tardó en inscribirse el nuevo consejo de administración de la empresa pública en el registro mercantil tras las elecciones de 2015. Además, las cuentas no se presentaron en tiempo y forma. «¿Aún sigue creyendo el equipo de gobierno que Orea está capacitado para la gestión económica de Canals? ¿O hay algo detrás que obliga a mantenerlo en el cargo?», se pregunta Pérez, que también cuestiona el papel del alcalde hasta 2017, Joan Carles Pérez. «Si conocía las irregularidades y no hizo nada está mal, pero si no las conocía también», mantiene.
«Actuamos lo más rápido posible»
Orea, que rechaza dimitir como concejal -el alcalde también descartó retirarle más competencias-defendió en el pleno las «mejoras» en las condiciones y el sistema de trabajo o los beneficios de Risoncha y culpó al lento proceso administrativo del retraso en poner en orden la caótica situación. «Actuamos lo más rápidamente posible teniendo en cuenta que había que acondicionar la nave y tramitar un expediente de cesión», insistió.
En la nueva instalación que albergará la actividad de Risoncha se corrigen las deficiencias de la actual ubicación: se han adecuado vestuarios, baños, oficinas y un espacio para almacenar materiales peligrosos, además de instalarse sistemas de iluminación y antiincendios adaptados a la normativa. El alcalde señaló que la documentación mercantil y contable está en vías de regularizarse y prometió debatir en profundidad la situación de la firma con la oposición.
