El dinero que acaba de ingresar el Ayuntamiento de Xàtiva de la diputación a través del Fondo de Cooperación Municipal ya tiene otro destino. Del total de 233.000 euros inyectados por la institución provincial, 192.412,33 euros van a ir directamente a manos de la constructora FCC, en cumplimiento de la sentencia firme que condena al consistorio a saldar unos sobrecostes al margen del contrato derivados de las obras de reurbanización de la calle Corretgeria, desplegadas hace ahora 12 años. En enero de 2018, el juzgado de lo contencioso que tramitó la reclamación de la mercantil dio dos meses a la corporación para ejecutar el fallo. Previsiblemente, la junta de gobierno dará luz verde el lunes a una modificación de créditos propuesta por la concejalía de Hacienda con tal de acatar la última resolución y dar carpetazo a un litigio que se remonta a 2012.
Cuando presentó a cobro la demanda económica, FCC acababa de ser apartada de la concesión de la recogida de la basura y la limpieza viaria de las calles de Xàtiva, después de un largo periodo de tiempo gestionando el servicio, bajo el mandato de gobierno de Alfonso Rus. La ruptura entre el exalcalde poliimputado y la multinacional se tradujo en una batería de denuncias y reclamaciones económicas de obligaciones pendientes, algunas de las cuales no se tenía constancia. Por las obras de Corretgeria, ejecutadas en 2006, la empresa presentó 6 años más tarde una certificación final de 87.134 euros y otra factura de 51.243 euros vinculada a la instalación de tres contenedores subterráneos en la calle. A estas cantidades hay que sumar unos intereses de demora cifrados en 56.025,40 euros.
Cuantía reclamada tras 6 años
La polémica reurbanización vial se proyectó en 2005 con un presupuesto inicial de 293.813 euros y se completó con unos sobrecostes que nunca se autorizaron y que FCC, SA no puso de manifiesto hasta 2012. El equipo de gobierno de Rus se negó a pagarlos, alegando que habían prescrito. Además, en el consistorio no ha aparecido por ningún sitio el expediente de adjudicación del modificado ni de la instalación de contenedores, facturada a posteriori.
Pero tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avalaron los argumentos de la constructora, que defendió que los trabajos estaban hechos y que, de no cobrarlos, se estaría produciendo un enriquecimiento injusto de la administración. En un principio, se calculó que el consistorio debía satisfacer a FCC 152.000 euros, pero el importe se ha terminado elevando a 194.412 euros. Otros litigios aún pendientes de recurso obligan a la corporación a abonar medio millón más a FCC por sobrecostes del Centre Cultural Xàtiva (CCX). Más recientemente, el TSJ ha obligado al ayuntamiento a abonar a Acciona 1,5 millones por obras no contempladas en el proyecto de la Ciutat de l'Esport y efectuadas también sin autorización municipal.
