Una minuciosa investigación coordinada por la Guardia Civil de Xàtiva ha culminado con la detención de un ingeniero informático de 46 años que está acusado de suplantar las páginas web de conocidos portales turísticos para estafar a cerca de un centenar de clientes nacionales y extranjeros con falsas reservas de alojamientos rurales. Otro hombre de 41 años con conocimientos financieros también ha sido imputado en la misma operación, ahora en manos del juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Xàtiva.

Las pesquisas de los investigadores partieron en noviembre de 2016, cuando se constató el primer caso de fraude denunciado en la localidad de Chella. Las denuncias comenzaron a llegar en cuentagotas. Los ciberdelincuentes, que fueron interceptados en València y Torrent, usurpaban dominios como TopRural y AirBNB mediante la técnica del phishing. Cuando los usuarios trataban de formalizar una reserva en determinadas casas rurales vía online, eran redirigidos a una dirección electrónica falsa. Los estafadores se hacían pasar por los dueños de las casas, enviaban a los clientes un contrato de arrendamiento falsificado con los datos de los propietarios reales para dar apariencia de credibilidad al engaño y solicitaban el pago total o parcial del alquiler.

El ingreso del arrendamiento terminaba en manos de los presuntos defraudadores, que retiraban el dinero antes de que los afectados se dieran cuenta de que no habían hecho ninguna reserva y anularan las transferencias. A los investigados, de origen español, se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental y suplantación de identidad.

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, elogió ayer la investigación «meticulosa y detallada» desplegada por la Guardia Civil de Xàtiva, en una comparecencia donde dio los detalles de la denominada Operación «Poison Apple» junto al capitán-jefe de la Compañía de Xàtiva, Antonio Carrillo y el general de la Guardia Civil de la VI Zona, José Hermida.

Más de 70.000 euros de fraude

La cantidad estafada por los ciberdelincuentes rondaría los 70.000 euros, si bien Carrillo subrayó que «todavía continúa la fase de recogida de denuncias»: la previsión es que el número de estafados, de momento cifrado en un centenar, se incremente. El caso ha adoptado una escala internacional y hay varios afectados en el extranjero.

A medida que fueron llegando las denuncias de fraude, los agentes encargados del caso tuvieron que ponerse en contacto con Google para tirar del hilo y localizar a los responsables. Después de rastrear exhaustivamente las cuentas, lograron esclarecer el lugar desde el que se estaba usurpando la identidad de los portales turísticos.