Los tres socios del equipo de gobierno de Xàtiva volvieron a airear sus disensiones internas en el último pleno municipal. Esta vez, la discusión giró en torno al grado de supervisión y a la efectividad de los controles que ejerce el ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de los contratos de obras menores y concesiones administrativas. A través de una moción tramitada por la vía de urgencia, Compromís -una de las patas del Pacte de Sant Domènec- presionó para alcanzar un acuerdo que permitiera exigir a los técnicos responsables de las respectivas áreas la elaboración de un documento de evaluación exhaustiva sobre el estado de ejecución, los objetivos marcados, la calidad del servicio prestado y el saldo económico de cualquier contrato de obra, concesión o convenio al finalizar cada año de vigencia y después de practicar las inspecciones y de elaborar los informes oportunos. La propuesta de la coalición valencianista, con una mirada retroactiva, comenzaba por un examen a fondo de todos los contratos de 2017.
Pero la iniciativa se topó con la desaprobación de los dos socios de gobierno de Compromís. La portavoz de esta coalición, Cristina Suñer, acabó aceptando retirar la moción y rebajar el nivel de exigencia inicial, a cambio de arrancar al alcalde, Roger Cerdà (PSPV) , un con tal de acreditar, mediante informes, su correcta ejecución.
Esquerra Unida rechazó apoyar la proposición (secundada por el PP) invocando un acuerdo muy similar que ya se adoptó en el pleno en octubre de 2015. «Votar a favor sería redundante y dejaría al equipo de gobierno en una situación de indeterminación. El órgano competente para llevar a término la moción no es otro que el alcalde y hubiera sido suficiente dirigirle un escrito pidiéndole el cumplimiento», sintetizó Miquel Alcocel. «Hay que recordar a los jefes de área que cumplan el acuerdo y, si no lo hacen, exigirles responsabilidades», agregó el edil.
Cerdà desautorizó la propuesta de Compromís tachándola de «recordatorio innecesario», si bien se distanció de EU al defender a ultranza que las medidas de control aplicadas hasta la fecha ofrecen suficientes garantías sobre el cumplimiento de los contratos. Una visión muy distinta a la de Suñer. La edil sostiene que todavía queda mucho por hacer para dar respuesta al compromiso adquirido en 2015 de garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de los servicios externalizados y la ejecución adecuada de los trabajos adjudicados conforme a las condiciones pactadas. La portavoz de Compromís se mostró satisfecha por el incremento de la vigilancia sobre los procedimientos de licitación, con la creación de la Unidad específica de contratación (Unicobe), y puso en valor el hecho de que «por primera vez» se está llevando un control exhaustivo sobre los grandes contratos, que ha permitido detectar grandes incumplimientos en servicios esenciales como la limpieza viaria y de edificios públicos o la gestión de la Ciutat de l'Esport, cuya subsanación se ha requerido. Sin embargo, Suñer echó en falta más controles en los contratos pequeños y censuró especialmente que «no existen informes» sobre la evaluación de las concesiones administrativas «a pesar de haberlos pedido» en el acuerdo adoptado al comienzo de la legislatura.
«Se ha adelantado mucho, pero nuestra obligación es seguir exigiendo aquellas cuestiones que consideramos que no se están cumpliendo», precisó la regidora. «Cuando se acaba una obra, siempre existe un acuerdo de recepción, pero muchas veces la finalización no es la más adecuada. Queremos que los técnicos emitan un informe y se hagan responsables de la mala ejecución o de la utilización de material en ocasiones inadecuado». Suñer cito varios ejemplos: las deficiencias surgidas tras las recientes obras en la plaza de la Bassa, donde «cualquiera puede comprobar los hundimientos»; la defectuosa reforma de la EPA, en la que «no se pueden abrir las ventanas y hay humedades»; la rotonda del colector del cementerio, que «no quedó en las mismas condiciones que antes de las obras», o el mal servicio en el aparcaiento subterráneo de la Glorieta.
«Burocratización» y duplicidad
El alcalde negó el incumplimiento del acuerdo de 2015 y salió en defensa de los controles practicados «a priori» y a «posteriori» por la secretaría y la intervención y por los técnicos «que hacen los pliegos de condiciones y dan conformidad a las facturas de pago cuando comprueban que se ha efectuado el servicio de manera correcta». Para el alcalde, los informes de evaluación posterior exigidos por Compromís «burocratizarían el proceso de contratación» y supondrían una duplicidad de funciones, porque «los técnicos se reafirmarían en lo ya acreditado cuando aprueban el pago». Esta circunstancia, a juicio de Cerdà, «provocaría un retraso en la ejecución de obras» porque «incrementaría la carga de trabajo». «La normativa se está cumpliendo en todos los contratos», insistió el munícipe. «Si hay algún caso concreto puntual, tanto Compromís como cualquier otro grupo pueden ponerlo en conocimiento y se adoptarán las medidas oportunas», concluyó.
Por su parte, Alcocel hizo constar que no se han puesto en marcha las comisiones para analizar las obras del CCX, al EPA o la plaza de toros acordadas por el tripartito. «Hay que ponerse las pilas y que en todos estos casos quede claro quién es el culpable con nombre y apellido», espetó el edil al alcalde.
