Las tensiones entre los dos principales socios del gobierno de Xàtiva (PSPV y EU) se recrudecen conforme se aproximan las elecciones municipales de 2019. El tono de los reproches que han intercambiado este fin de semana algunos concejales e integrantes del núcleo duro de ambas formaciones anticipa un último año de legislatura muy agitado. En esta ocasión, el detonante de la bronca fue la colocación de una gran tela con un lazo morado en la muralla del castillo, una acción promovida por el Consell de les Dones con la intención de reivindicar más fondos contra la violencia machista, en la que participó la regidora de Igualdad, Cesca Chapí (EU), junto a un grupo de activistas ligadas a colectivos feministas de la ciudad.
La bandera iba a quedarse instalada una semana para «sensibilizar» a la ciudadanía de cara a la concentración organizada mañana contra los incumplimientos del Gobierno Central, pero apenas duró unos minutos puesta. La falta de autorización expresa por parte de la Dirección General de Patrimonio condujo a la edil encargada de la fortaleza, Mariola Sanchis (PSPV), a ordenar su retirada tras enterarse de una actuación que no se le había comunicado y que se llevó a cabo a pesar de que el alcalde, Roger Cerdà, había advertido a Chapí con antelación de que no tenía el permiso necesario. El enfrentamiento con EU -como en otras ocasiones- cogió al munícipe fuera de la ciudad: ese mismo día había delegado sus competencias en Ignacio Reig por un periodo de cinco días.
La medida despertó críticas inmediatas entre los colectivos feministas, que el PSPV respondió con un comunicado. La formación precisó que, en la última Comisión Mixta de Patrimonio, se pidió permiso para instalar el lazo violeta en el castillo y los representantes de la conselleria «fueron claros al denegarlo», apelando al artículo de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano que prohíbe «la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios» en los monumentos declarados Bien de Interés Cultural. En el entorno socialista, la acción de Chapí se ha interpretado como un desafío y como una deslealtad institucional. Según el PSPV, la edil «se comprometió a evitar la instalación del lazo en las murallas del castillo y acordó con el alcalde la instalación en el regazo de la montaña».
La regidora de Igualdad, en cambio, defiende que la actuación fue inofensiva y censura el hecho de haber sido «desautorizada» después de que la bandera fuera retirada «sin avisar a las participantes» de la marcha reivindicativa. Chapí admite que el jueves le telefoneó el alcalde para señalarle la falta de permiso, pero no le consta «ninguna resolución por escrito» de Patrimonio. La edil indica que parte de la gestión del castillo es compartida entre la conselleria y el ayuntamiento (aunque a Cultura le compete la vertiente patrimonial y las facultades de defensa y conservación), esgrimiendo que también se colocan otros elementos impropios en el BIC, como la estrella de Navidad o la antena de telefonía «y nadie dice nada». La concejala recalca que la colocación de la bandera «no resultó lesiva» para el entorno amurallado porque, según ésta, se emplearon «cuerdas de nylon especiales que usan los escaladores» y «una barra de plástico para que la tela no se moviera ni se dañara la estructura». Chapí incide que en el Consell de Dones «están todos los partidos presentes».
Cruce de reproches
En la polémica terció el sábado la secretaria local del PSPV y regidora de Bienestar Social, Xelo Angulo, que acusó veladamente a EU en las redes sociales de «hacer política incumpliendo normas y provocando». «Hay muchas maneras de manifestarse y muchas de hacer acciones y políticas concretas que salvan vidas a las víctimas de violencia de género», dijo. «Los lacitos pueden estar bien si no se saltan la ley, pero arremangarse a las 8 de la mañana y encontrar lugar y recursos para una chica testigo protegido... mejor!», escribió.
El alcalde, Roger Cerdà también se pronunció para manifestar que había autorizado a Chapí para instalar el lazo morado en la fachada del ayuntamiento. El elemento, sin embargo, terminó trasladándose al Jardí de la Pau. «La colocación en el castillo no está permitida por la ley. La lucha por la igualdad y contra la violencia de género es la lucha de todos y todas», zanjó Cerdà.
Por su parte, Chapí se mostró ayer conciliadora y dio por cerrado el «rifirrafe» tras debatir sobre el asunto con sus socios de gobierno. «Se fue de madre por una tontería, pero ya está todo solucionado», apuntó a este diario la regidora, que reclamó «unidad» contra la violencia de género y recalcó que lo importante es la concentración de mañana en la puerta del consistorio (20 horas) contra los recortes en el presupuesto del Estado.
La controversia recuerda a la que se produjo hace solo un mes, cuando el concejal de Participación, Miquel Alcocel (EU) participó en otra marcha sin permiso y saltó el muro de la Seu para ayudar a colocar delantales con cinta adhesiva en las estatutas de los Papas. En aquella ocasión, también el alcalde ordenó la retirada de los delantales por la falta de autorización.
