Buenas prácticas, diferentes maneras

J.R.S. VALENCIA El debate abierto sobre la continuidad del bailarín valenciano Nacho Duato como responsable de la Compañía Nacional de Danza, a cuyo frente lleva veinte años, por la aplicación del Código de Buenas Prácticas ha puesto también sobre la mesa la forma de gestión de los diferentes centros culturales y sobre todo la forma en que las diferentes autonomías deciden sus nombramientos.
El Código era aprobado en tiempos de Carmen Calvo como ministra de Cultura y simplemente establecía, como prioridades, que los gestores culturales de museos, teatros nacionales y centro públicos adscritos al Gobierno debían concurrir a un concurso de méritos. También, los patronatos estarían formados por un número elevado de expertos y representantes de la sociedad civil y no tanto de cargos de libre designación política. Asimismo, los directores serían nombrados por el patronato y las direcciones tendrían fecha de caducidad. De esta forma la autonomía estaría más garantizada.
Por lo tanto se acababa el nombramiento a dedo. Aunque en el caso de Duato su profesionalidad y capacidad esté fuera de toda duda, el bailarín se ha mostrado contrario a pasar por este práctica aplicada ya en casos como El Museo de Arte Reina Sofía, cuya plaza ganó el valenciano Borja Villel. El Código, eso sí, no vinculante, era firmado por un buen número de colectivos, especialmente aquellos relacionados con las artes plásticas. Pero Madrid no ha sido un ejemplo. Barcelona, en el caso concreto del MACBA o Málaga en el del Museo Picasso también han aplicado esta iniciativa que en una comunidad como la Valenciana suena a utopía porque los cargos en las diferentes instituciones públicas se han convertido casi en vitalicias o al menos sin fecha de caducidad salvo que se produzca un cambio de color político y pese a que algunas gestiones sean más o menos cuestionadas o los centros relacionados no funcionen, en algunos casos, al nivel esperado.
Pero hay otro aspectos también significativo en el caso de los patronatos y es que impide a sus miembros a dirigir exposiciones organizadas por aquellos centros a los que representan algo que nuestra autonomía tampoco se respeta.