Gabriela Bravo: ´Los tiempos políticos no deben marcar los de la Justicia´

 
Gabriela Bravo: ´Los tiempos políticos no deben marcar los de la Justicia´
Gabriela Bravo: ´Los tiempos políticos no deben marcar los de la Justicia´  

Portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Nacida en Ráfol de Salem y después de 19 años como fiscal, hace un año que llegó a la portavocía del órgano de gobierno de los jueces. Afirma que fue la película "El proceso de Nuremberg" la que le abrió los ojos y dirigió hacia el Derecho. Apuesta por una modernización y actualización de la Justicia para hacerla más útil, eficaz y próxima a los ciudadanos. Asegura procurar medir las palabras, pero también haber descubierto el valor del silencio.

FOTOGRAFÍA DE MANUEL MOLINES Dicen que la justicia es para usted una pequeña obsesión.
Más que una obsesión es una preocupación. Siempre he tenido inquietud por los problemas sociales y, sobre todo, por las situaciones injustas, como la pobreza que afecta a dos terceras parte del mundo. Esas injusticias me producen desazón.
Es una realidad que no todos quieren mirar.
Sí, y en muchas ocasiones le damos la espalda.
¿Los fiscales tienen una visión más aguda de la realidad o es que aspiran a cambiar determinadas cosas que no les gustan?
Yo creo que los fiscales a lo que aspiran es a cumplir sus funciones en los términos que marca la Constitución, lo cual no sé si contribuirá a cambiar el mundo pero sí a reforzar el Estado de Derecho.
¿Qué le condujo a ser fiscal?
Siempre me he sentido muy vinculada a la visión del fiscal como promotor de la justicia, como aquél que defiende los derechos de los desprotegidos, que vela por el interés de los ciudadanos. Hay una película que me impresionó. Cuando tenía 17 años vi por primera vez El juicio de Nuremberg. Aquello me conmovió. Ese juicio fue determinante para que la Humanidad se enterara del genocidio que había cometido el nazismo y me di cuenta que sólo a través del derecho se podían responder y juzgar aquellas atrocidades, las grandes injusticias del mundo.
Ahora que es miembro y portavoz del Consejo General del Poder Judicial ¿cómo se ve la justicia desde la otra orilla?
La perspectiva desde luego es diferente, pero con la misma responsabilidad. Tras 19 años de fiscal, tengo ante mi nuevos retos. El Consejo, como órgano de gobierno de los jueces, debe cumplir sus funciones y desarrollar un trabajo que sirva para mejorar la justicia y que esté siempre al servicio de los ciudadanos. Esa es nuestra misión, y nos la creemos. La gran apuesta que nos hemos fijado es la modernización de la Justicia.
¿Modernizar la Justicia o aproximarla?
Sólo conseguiremos hacerla más próxima si es más útil y más eficaz, que resuelva los problemas del ciudadano con agilidad. Una justicia que llega tarde no es justicia. Por eso considero importante marcarse retos para conseguir esos objetivos.
¿La radiografía es que no tenemos la Justicia que merecemos o es la que las circunstancias nos ha llevado a merecer?
La justicia necesita cambios muy importantes para poder atender las demandas de una sociedad democrática avanzada del siglo XXI. Se requiere una reforma profunda.
¿Me da ejemplos?
Necesitamos nuevas leyes, nueva organización, nueva planta judicial. En la jurisdicción penal tenemos una ley del siglo XIX obsoleta. Vivimos en una sociedad moderna y hace falta una nueva definición sobre las funciones del juez y del fiscal para conseguir un proceso penal más ágil y eficaz sin renunciar a las garantías constitucionales. Necesitamos oficinas judiciales con personal formado y debidamente organizado. Son muchas las deficiencias estructurales de nuestro sistema judicial.
Para todo eso se necesita de una inversión importante y para muchos la justicia no siempre ha sido Eldorado.
Evidentemente. Si hablamos de  informatización, por ejemplo, cada una de las comunidades autónomas que han asumido las competencias en materia de Justicia se ha desarrollado a una velocidad distinta según las voluntades políticas y las inversiones de las comunidades. La realidad es que los sistemas informáticos son incompatibles y estamos trabajando para conseguir que se conecten entre sí y que los jueces trabajen entre sí. Que estemos en el siglo XXI y no seamos capaces de que los juzgados estén interconectados o no puedan acceder a toda la información es insólito.
Luego, no se  ha invertido todo lo suficiente.
Sí se ha invertido y decir que no se ha hecho sería injusto, aunque sí reconozco que no lo suficiente. La Justicia ha sido siempre la gran postergada en comparación con otras inversiones públicas.
Esta semana hablaba en una conferencia a la que fue invitada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País sobre la relación de los medios de comunicación y el sector judicial. Sabemos que muchos casos están sujetos al secreto de sumario pero también que la falta de información en temas de relevancia social conducen a la desinformación. Ahí tenemos el caso Gürtel.
Por eso tenemos que saber conjugar todos los intereses en juego: el derecho del ciudadano a recibir información sobre las actuaciones judiciales y el respeto a otros intereses y derechos que pueden estar en colisión, como la eficacia del proceso, el derecho a la intimidad, a la propia imagen, a la presunción de inocenciaÉ Sólo así evitaremos que la información se convierta en manipulación.
¿Y no tiene la sensación de que la política intenta a veces invadir la parcela jurídica?
No, no tengo esa sensación. La Constitución reconoce la separación de poderes y todos estamos obligados a respetarla.
Me refería también a la imagen que el ciudadano tiene de casos como el de Fabra, que se eterniza, las recusaciones a Garzón, las denuncias entre los propios partidos que al final acaban archivadas o lo que se demoran en el tiempo casos de corrupción.
Hemos de diferenciar entre la imagen que se transmite de la justicia en ocasiones y lo que la justicia en sí representa. Es importante trasladar al ciudadano que nuestros jueces trabajan diariamente con prudencia y con rigor para tutelar sus derechos.
Pero los plazos políticos y los judiciales no son siempre los mismos.
Los tiempos políticos no deben marcar los tiempos de la justicia. Los jueces y magistrados son independientes e imparciales que cumplen con sus funciones desde la más absoluta profesionalidad. Y deben de ser respetados.
¿Cree que el ciudadano lo entiende así?
Es importante trasladar a los ciudadanos que al margen de los casos mediáticos existen muchos procedimientos en curso donde están en juego sus derechos, su patrimonio o sus libertades y en los que los jueces trabajan también con rigor. La justicia es algo más que  cuatro casos famosos. Estos sólo representan una mínima parte: hay 18 casos mediáticos, frente a 9 millones de asuntos que entran al año en nuestros juzgados.
¿Y que falla cuando queda en libertad, por un error, un violador, o un convicto con orden de alejamiento y causa una nueva víctima? ¿Falla el sistema, los tiempos...?
Hay que valorar cada caso concreto. Y determinar cuándo nos encontramos ante un error judicial y cuándo es un fallo del sistema. La ley establece el procedimiento para exigir responsabilidades a los jueces en materia disciplinaria o, incluso, penal. Y al Estado se le puede exigir responsabilidades patrimoniales.
Mujer, progresista, fiscal, presidenta de la Union Progresista de Fiscales, hoy imagen y voz de un órgano como el del Poder Judicial ¿Le miran de forma diferente? 
No, no tengo esa percepción. Me siento muy cómoda y trabajo con  ilusión porque creo que se puede mejorar nuestro sistema. Creo además que ser mujer hoy en día en el ámbito de la justicia no es ningún hecho novedoso. Responde a nuestra realidad social: actualmente el 65% de las personas que acceden a la carrera judicial son mujeres.
¿Y durante sus cinco años en el cargo qué  le gustaría dejar?
Que se me recordara como miembro de un Consejo que apostó seriamente por resolver de una vez por todas los problemas de la justicia. Y que trabajó siempre al servicio de la sociedad.
Las nuevas tecnologías han creado también un nuevo tipo de delito, más difícil de perseguir e incluso de penar ¿Le preocupa esta cuestión?
Sí. Es necesario atender a las nuevas exigencias de la sociedad del siglo XXI. Es una nueva era digital en la que los tiempos y los problemas se suceden rápidamente, a la velocidad de la luz. Todo ello nos conduce a la necesidad de reflexionar y abordar nuevos marcos legales que respondan a los nuevos delitos. El legislador ya está en ello.
¿Es fácil apagar el interruptor y dejar de pensar en términos jurídicos?
A veces es difícil abstraerse de los problemas. Este trabajo forma parte de ti misma. Pero hay que saber distanciarse.
¿Tiene algún secreto para hacerlo?
Intento buscarlo. Soy una persona que disfruta mucho de mis tiempos compartidos con mi familia y mis amigos. Parar un momento, tomar oxígeno y abrir una nueva ventana.
¿Se iría de cacería un fin de semana con un juez y un ministro para relajarse?
No me gusta cazar. Prefiero el mar o perderme por el barrio del Carmen o recluirme en mi pueblo tres días y escuchar a Sabina. Aunque no me vendría mal en ocasiones una noche de ópera y escuchar a Puccini. Me apasiona Tosca.
No se ha despegado de Ráfol de Salem.
Creo que no sería bueno despegarte de tus propias raíces. Viví 18 años en mi pueblo, mis padres continúan viviendo allí y siempre he intentado ir todo lo que puedo. Estas raíces las han heredado también mis hijos y mi marido, que disfrutan mucho de la tranquilidad de un pueblo de 400 habitantes y de su montaña.
¿Le preocupa poder llegar a perder su intimidad debido a un exceso de vida pública?
No tengo esa preocupación. Busco hacer bien mi trabajo con responsabilidad.
¿Cuesta más medir las palabras o controlarlas?
Siempre he procurado medir y controlar las palabras al mismo tiempo. Y he descubierto el valor del silencio.

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