EFE MADRID
Después de meses de negociaciones, el Ministerio de Cultura ha dado por terminada la Orden Ministerial que desarrolla la Ley de Cine, en lo referente al régimen de ayudas públicas un texto que contenta a productores, películas medianas y premia la discriminación positiva.
Esta misma semana, la ministra Ángeles González-Sinde y el director general del ICAA, Ignasi Guardans, cerraban más de seis meses de reuniones, durante las que todos los sectores han aportado su grano de arena. En esta Orden se regulan exclusivamente las ayudas públicas que tienen carácter centralizado y establece, en primer lugar, lo que una empresa productora puede considerar coste a efectos de poder recibir una ayuda pública, exigiendo como novedad que los largometrajes vayan acompañados de una auditoría.
Regula las ayudas públicas destinadas a la financiación, creación y producción de distintos tipos de obras audiovisuales, así como las de su distribución, que, como novedad, sólo pueden recibir los distribuidores independientes de películas iberoamericanas o europeas, incluidas las españolas, preferiblemente en V.O..
En general, estas ayudas tienen un límite máximo general, que puede alcanzarse o no y que es el del 50% del presupuesto de lo que es objeto de subvención. En el caso de las películas, existe otro límite máximo, el del 75% de la inversión del productor.
Las ayudas a los cortometrajes no han variado prácticamente, pero las películas para televisión recibirán subvención siempre y cuando tengan desenlace final, no duren más de 200 minutos y puedan emitirse en dos partes sin perder su carácter unitario.
Las ayudas a la producción de series de animación, otra novedad, comparten buena parte de su régimen con las de las películas para televisión, aunque con criterios, cuantías, requisitos y plazos propios.
Las dedicadas a guión se conciben ahora como el primer escalón del sistema y sus beneficiarios serán los guionistas, no los productores, aunque no es indispensable que el guión se transforme en película para poder cobrar la ayuda.
El límite máximo de la ayuda al proyecto se ha fijado en un millón de euros. Todas las películas que se estrenen en salas de cine, cualquiera que sea su presupuesto, tienen derecho a la ayuda general a la amortización de largometrajes, lo que se calcula multiplicando el 15% del número total de espectadores por el precio medio de la entrada en España en el año anterior.
La ayuda complementaria está reservada a largometrajes con un coste reconocido igual o superior a 600.000 euros.