J. R. S. VALENCIA
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Fue visto y no visto. Eusebio Monzó puede haber sido el director general de la Generalitat Valenciana que más poco tiempo ha durado en el cargo. Y eso que la administración autonómica tardó más de tres años en encontrar la persona idónea para el cargo creado por una ley de Cinematografía que no puso en marcha hasta encontrar la persona idónea.
Monzó se fue sin conocer casi al sector, salvo saludos, después de haber mantenido algunas reuniones con los productores, anunciar que el Consell invertirá este año 30 millones de euros en el audiovisual valenciano y con ciertos compromisos adquiridos.
Ahora ya han transcurridos varias semanas desde que volviera a la Conselleria de Hacienda reclamado por Gerardo Camps, y Cultura parece no tener intención de nombrar un sustituto. Tampoco lo encuentra con su mismo perfil, aunque barajó como opciones al ex vicepresidente de la Diputación y responsable de Valencia Community Investements, Antonio Lis, o al Subsecretario de Industria, Ricardo Bayona. Pero ambas opciones fueron descartadas, según han reconocido varias fuentes. Siguen buscando.
La salida de Ana Michavila de Presidencia obligó a un movimiento de fichas y el nombramiento de Pablo Landecho como nuevo jefe del gabinete de Francisco Camps llevó a Gerardo Camps a reclamar a Monzó.
El hecho no tendría mayor trascendencia o quedaría en una anécdota relacionada con el tiempo si no fuera porque el instituto es de novísima creación, agrupa toda la política de ayudas al audiovisual y es el departamento que ha de marcar las líneas generales en este campo. Pero además, a ello se añade una firma que sí tenía Monzó y que ahora obliga a desviar todos los asuntos a la Conselleria de Cultura para que Marcela Miró dé el visto bueno.
Desde el Instituto de Cinematografía se afirmaba ayer que pese a la ausencia de director general todo continuaba con normalidad ya que José Luis Rado, director de la Filmoteca, y Nuria Cidoncha, de la dirección general de Promoción y Fomento del Audiovisual, habían tomado las riendas. Ningún problema salvo que la ley exige un director general como responsable.