Vivir de la literatura nunca ha sido fácil. Múltiples ejemplos hay en la historia de miseria vital entre las letras (uno de los máximos, tal vez, el de César Vallejo). La Europa de la sociedad del bienestar ha hecho lo que ha podido para ayudar a los pobres autores y en 1992 aprobó una directiva por la que los escritores tenían derecho a a percibir una cantidad por el préstamo de sus libros en las bibliotecas públicas. Aunque España inicialmente ignoró esta orden, tras la condena de los tribunales comunitarios la incorporó finalmente en 2007 en la nueva Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Sin embargo, los últimos datos aportados por la entidad encargada del cobro (Cedro, Centro Español de Derechos Reprográficos) indican que en 2009 algunas autonomías, entre ellas la valenciana, no han pagado el canon.

La situación es compleja, porque legalmente las comunidades no están obligadas a asumir este pago -lo reconoce la propia Cedro-, ya que la ley dice que son los propietarios de las bibliotecas (los ayuntamientos son los titulares de la gran mayoría de las más de 400 que hay en la C. Valenciana) los que han de hacer frente a la remuneración, fijada en 20 céntimos de euros por "ejemplar de obra adquirido con destino al préstamo". Quedan exentas las bibliotecas educativas y las de municipios de menos de 5.000 habitantes.

De la cantidad a pagar en 2007 se hizo cargo el Ministerio de Cultura al tratarse del primer año y existir cierta confusión. Cedro cobró 489.978 euros, que ha repartido ya, asegura, entre 21.668 escritores y traductores.

El montante de 2008 se acordó que lo asumieran los gobiernos autónomos, porque se consideró que los ayuntamientos no estaban preparados para asumir otra nueva y engorrosa gestión. La Dirección General del Libro de la Conselleria de Cultura se puso en ello en 2009, calculó los importes y cuando iba a tramitar el pago se encontró con que Intervención de Economía lo bloqueaba. ¿Razón? Ningún precepto legal ni administrativo dice que la Generalitat ha de acoger este pago, que corresponde a los municipios.

El problema ha surgido también en otras comunidades y el resultado final es que sólo Aragón y Murcia han abonado el canon por préstamo de libros de las bibliotecas municipales "como gesto de voluntad política", aseguró a Levante-EMV la directora general de Cedro, Magdalena Vinent. Navarra también lo ha hecho, pero porque estos locales dependen del gobierno foral. Y Madrid, ya que tiene una red propia amplia de bibliotecas públicas. En el caso de Valencia, "aún existiendo voluntad, no han podido resolver una serie de problemas administrativos", señaló.

La traducción en cifras del conflicto es que la recaudación de 2009 (se refiere a los préstamos del año anterior) se ha quedado en 279.607 euros, poco más de la mitad del ejercicio precedente.

Fuentes de la Conselleria de Cultura aseguran que el asunto puede quedar resuelto el próximo mes de febrero, cuando se reúne el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Sobre la mesa tendrá un borrador de decreto -bastante masticado ya- con el objetivo de que el Gobierno central lo asuma y lo traslade a sede parlamentaria para su aprobación. El texto mantiene el espíritu de la directiva europea y deja el pago del canon a los ayuntamientos, aunque abre la puerta a convenios y mecanismos de cooperación para facilitar los trámites. Así, no termina de regular con claridad y habrá que ver si el lío continúa.

"Cuestión de justicia" con los escritores

El canon de las bibliotecas levantó buena polvareda hace unos años, cuando se tramitó en el Congreso de la Diputados. Al igual que ocurrió con el llamado "canon digital" (plus en los CD vírgenes en beneficio de la Sociedad General de Autores, SGAE), circuló incluso un texto por internet en el que el escritor José Luis Sampedro expresaba su rechazo a la medida. Algunos bibliotecarios también protestaron al entender que este pago puede ir en detrimento de la compra de nuevas colecciones bibliográficas. Hoy, el conflicto social parece estar calmado. La entidad recaudadora, Cedro, ha intentado hacer llegar que los usuarios no son los que pagan el canon y que este "es una cuestión de justicia" con los autores. "Se trata de remunerarles por un determinado uso del fruto de su trabajo", argumenta. Sobre la posible merma del presupuesto de adquisiciones, alega que "existen recursos suficientes para asegurar dotaciones bibliográficas adecuadas". Y agrega que otros diez países de la UE tienen este pagos