A. G. VALENCIA
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El conflicto por el Circuit Teatral continúa vivo tras la entrada en vigor del nuevo sistema, que deroga el modelo que estaba en funcionamiento desde 1988. La Associació de Gestors Culturals hizo público ayer un largo informe en el que abunda en las nefastas consecuencias que tendrán los cambios impuestos por la Conselleria de Cultura. La entidad, que agrupa a buena parte de los programadores municipales, reclama a la titular del departamento, Trinidad Miró, que suspenda la aplicación de la orden del nuevo Circuit y negocie con todas las instancias implicadas (los programadores, también).
Entre los veinte argumentos que la asociación aporta destaca la consideración de que el nuevo modelo no es "un simple ajuste presupuestario", sino "una operación destinada a asegurar el control de todo un sector del mundo de la cultura, desmantelando las estructuras que lo sostenían". El resultado será "con total seguridad", dice, el "empobrecimiento de la vida cultural de nuestros municipios".
Los gestores culturales denuncian que el nuevo modelo ha sido impuesto "sin ningún consenso" y que incluso Teatres de la Generalitat "trató de impedir la celebración de la asamblea" de los representantes de los 63 municipios que formaban el extinto Circuit. Así, denuncian que el estilo de actuación ha sido "opaco, impositivo y escasamente institucional y democrático".
La entidad reitera que las 63 localidades verán reducida "de forma drástica" la ayuda de la Generalitat para programar teatro y danza, ya que ahora entran en una convocatoria abierta a todos los ayuntamientos. E insiste en que los efectos del cambio "son ya visibles en las programaciones canceladas por diversos ayuntamientos", aunque no especifica qué consistorios son.
Asimismo, entiende que no se trata de una medida aislada, sino "toda una estrategia de desmantelamiento de infraestructuras".
