A. G. VALENCIA
Sucedió en 2009 y se ha vuelto a repetir este año, pese a que el Col·legi Oficial de Bibliotecaris ya había advertido de las dificultades del proceso administrativo para acceder a las ayudas para la compra de libros. En definitiva, algo más de medio millón de euros ha quedado sin distribuir entre las bibliotecas públicas valencianas y volverá a las arcas del Ministerio de Cultura (347.120 euros) o de la Conselleria de Economía y Hacienda (157.000 euros).
La razón es que los ayuntamientos propietarios de las bibliotecas (hay más de 450) no han justificado correctamente la adquisición de volúmenes o ni han presentado la documentación (esta última opción es la más frecuente). "Nosotros tenemos que cumplir la ley", se justificaba ayer la directora general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Silvia Caballer, tras la publicación de las resoluciones con la minoración de las cantidades asignadas a los municipios.
La alto cargo agregó que "no es posible" cambiar el procedimiento y que los ayuntamientos conocen desde principios de año la cantidad de la que disponen (depende de la población) para comprar libros para sus bibliotecas. "Si no lo hacen o si no lo justifican correctamente es otra cosa", señaló.
Caballer restó importancia al hecho de que se pierda el dinero: "Va a las arcas públicas; se usará para sanidad o para otras necesidades de la cultura". Si bien, admitió que el ministerio se quedará con la parte no gastada del presupuesto que aprobó en 2009.
La cantidad que se queda en la caja (504.434 euros) representa bastante más del presupuesto de este año para ayudas a la producción editorial. Y es más también de los fondos para subvencionar las ferias del libro, entre ellas la de Valencia, en situación complicada. Hay ayuntamientos, como el de Valencia que se queda sin 60.000 euros para libros.
Lo llamativo también del caso es que se produce por segundo año consecutivo, sin que se arbitren soluciones. Los bibliotecarios ya alzaron la voz antes del verano para protestar sobre un procedimiento que no les convence. Lamentaban que la convocatoria se publicó en junio y el plazo para presentar facturas era de solo unos días. En su opinión, se debería emitir una resolución provisional, de forma que el dinero de los municipios que no acepten se vuelva a distribuir.
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