Si quedaba un sector cultural que se mantenía, en cierta medida, aún cauto y silencioso con respecto a la política cultural de la Generalitat ese era el de los archiveros. Sin embargo, lo fue hasta ayer que rompían su prudencia y discreción para denunciar un buen número de incumplimientos de la administración autonómica, el más importante el de la Ley de Régimen Local y el de la propia Ley de Archivos que exige la dotación de centros documentales en todas las poblaciones con más de diez mil habitantes, una punto recogido en esta última norma pero que lleva sin cumplirse desde hace cinco años.
Además, la Ley de Régimen Local, aprobada en junio, elimina de su articulado aquello a lo que obliga la Ley de Archivos, la creación de los mismos en determinadas poblaciones junto a instalaciones y personal cualificado.
Pero este no es el único punto a denunciar ya que, según aseguraba ayer la presidenta de este colectivo, Remedios Antequera, que agrupa a más de doscientos profesionales, el incumplimiento lo que hace es impedir la transparencia administrativa pero también el libre acceso de los ciudadanos a la documentación y, sobre todo, la preservación y catalogación documental.
Según aseguraba ayer Antequera, la Comunitat Valenciana es la que menos inversiones para archivos ha ofrecido en los últimos años de todas las autonomías. Tampoco han aumentado las cuantías presupuestarias. Las ayudas institucionales se limitan a colaboraciones municipales para la compra de estanterías.
Según reconoció ayer la entidad, la pasada semana representantes del colectivo mantuvieron una reunión con la directora general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Silvia Caballer, sin que existiera un mínimo acuerdo y apenas recibieran declaraciones de buenas intenciones.
Según la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos Valencianos (AAV), de nuevo, la Dirección General del Libro "cosecha una derrota en el cumplimiento de sus competencias entre las que debería encontrarse la salvaguarda de este patrimonio documental, favorecer su accesibilidad y asegurar la garantía para la defensa de los derechos de los ciudadanos que suponen los archivos públicos regidos por profesionales".
Asimismo, denunciaban el "escaso" interés que tienen "nuestros gobernantes en legislar para asegurar un adecuado acceso de los ciudadanos a los documentos públicos" justificando como "escusa perfecta" la "época de crisis" para evitar incrementar las plantillas de archiveros. De esta manera, añadían, "obtenemos el aplastante resultado de abandono de los documentos públicos que son garantes de transparencia y baremo del índice democrático de un país"
La plantilla de archiveros públicos, según la asociación, lleva desde 1990 no sólo sin haber sido aumentada sino incluso reducida lo que para ellos significa "un desinterés por garantizar derechos".
