Domingo 8 de enero. 12.35 horas. Un grupo de turistas se detiene bajo el foyer del Palau de les Arts. La reducción de los efectivos de seguridad, al menos, permite al visitante dar la vuelta al edificio. «¿Se puede entrar?», pregunta uno. «No, está cerrado», contesta otro. «¡Qué lástima!», replica el primero.

Todo el coliseo está cerrado, salvo la puerta de acceso de personal. El camerino del director musical tiene las cortinas bajadas. La supuesta cafetería instalada a pie de suelo—tiene una barra de obra aunque el resto del local está sin montar— también está cerrada. Sin embargo, los kioscos repartidos por el resto del Jardín del Turia presentan lleno total. La sala de exposiciones del Palau de la Música, metros más allá, permanece abierta, al igual que la sala de los bambúes y su cafetería. Se puede visitar la exposición con la colección de arte contemporáneo de Gas Natural Fenosa.

Casi cuatrocientos millones de euros cerrados a cal y canto. Cerca de cuarenta millones anuales sin más vida que la puntual. Quince millones de gasto de personal para una labor interna que tampoco se aprecia.

Pero no sólo estaba cerrado el domingo,, sino también el sábado anterior, el viernes o ayer lunes. Porque hasta el día 15, nada de nada. No se cumple siquiera la promesa aquella de que todo el Palau de les Arts sería visitable como un espacio más de la ciudad. Al menos, lo iban a ser sus recorridos externos y miradores. Na­da de nada.

Ésa es la realidad del Palau de les Arts de Valencia, el buque insignia de la cultura valenciana, cuyo coste de mantenimiento anual ronda los cuatro millones de euros y da empleo a más de 300 personas, salvo el medio centenar de músicos que queda en la Orquestra, el resto técnicos y personal administrativo.

Y es que durante el mes de enero el Palau de les Arts apenas será utilizado cuatro días más —espera un concierto de Jordi Bernácer y Carlos Álvarez, el 15, en el auditorio; dos representaciones de la reposición de Don Giovanni, los días 27 y 29, y una de la ópera en versión de concierto Iolante, prevista para el 31 de enero. El cuatro se ofreció la última representación de La Cerenentola. Febrero tampoco irá mucho mejor. Sólo hay previsto un día más de actividad, mientras que para marzo ya se anuncian nueve días de espectáculos y en abril, quince.

Del resto de meses, hasta final de temporada, la propia página web del coliseo no informa. Sólo está previsto que de los cuatro escenarios que alberga el desproporcionado edificio de Santiago Calatrava y cuyas deudas a corto, medio y largo plazo alcanzaban los 28 millones de euros en 2010, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, se usen dos por el gran público, la sala principal y el auditorio.

Mientras el patrocinio ha decaído hasta los dos millones, según el mismo informe, frente a los siete del Teatro Real, o sus ingresos por taquilla apenas ronden los siete millones, el Palau de les Arts necesita de una revisión a fondo junto al resto de proyectos culturales adscritos al área de Cultura.

Como confesaba el mismo grupo de turistas con cierta sorna, «al menos nos da para echarnos unas fotos».

Pocos controles fiscales por los propios órganos de gestión

«Aunque la Fundación —Palau de les Arts— dispone de algunos sistema de control potencialmente eficaces, se ha puesto de manifiesto que su implantación presenta una serie de deficiencias de carácter significativo que convierte a aquéllos en, parcialmente o en gran medida, ineficaces para el logro de sus objetivos de control». Así se despacha la Sindicatura de Cuentas antes de entrar a analizar algunos de los contratos ­realizados por el coliseo durante 2010 y que no se ajustan a las normas.

La Sindicatura viene a poner el dedo sobre el control del gasto, el control interno o los procedimientos de compra, así como en la falta de concreción de las personas competentes para la aprobación de cada una de ellos.

El informe, relativo a 2010, entra de lleno en contrataciones referidas a vestuario, escenografía, artes gráficas y mantenimiento, como el de la maquinaria escénica que fue adjudicada a la empresa constructora de la misma por 650.000 euros anuales alegando que era la única preparada para efectuar el trabajo. También destaca expedientes en los que no se han acreditado exigencias de carácter obligatorio o contratos no comunicados al registro de la propia Generalitat.