En esa espiral de decadencia en la que hace años entró el Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento como en cuestiones de mantenimiento y conservación de sus infraestructuras, sólo faltaba que su actual directora, Paz Olmos, fuera imputada como actual responsable del centro en relación a la conservación y desaparición de una obra depositadas en el Monasterio del Puig y que fueron trasladadas de allí sin el conocimiento de la Generalitat.
Bien es cierto que corresponden a órdenes ministeriales comprendidas entre 1954 y 1965 y que Paz Olmos se encuentra este asunto casi por casualidad tras una denuncia de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Pero no deja de ser la máxima responsable de un museo que ha sido utilizado casi como un capricho por nuestros gobernantes durante décadas.
Pero las acusaciones son más graves porque también responsabilizan a Olmos de la rotura de una escultura de Enric Mestre, un hecho que según la Federación fue «ocultado». Asimismo de desperfectos en un boceto de Bardellino donado por Pere Maria Orts del que no se abrió expediente.
Todos estos hechos sí deberían abrir una reflexión sobre la forma en que se gestionan nuestras instituciones. O más bien el San Pío V, dejado a su suerte durante lustros mientras desde los medios de comunicación se denunciaba el mal estado de conservación de sus almacenes, las goteras que sufrían las salas del XIX o los desprendimientos en su fachada. Y nadie hacía nada. Las obras de ampliación se fueron postergando hasta que el edificio se ha ido cayendo a pedazos y ahora hay que actuar casi de urgencia. Aún así, será una actuación parcial y no global.
El Museo San Pío V es un Bien de Interés Cultural (BIC) por ley. No es cualquier cosa. Pero nuestros sucesivos gobiernos han preferido el rédito inmediato que da una obra nueva faraónica o una exposición millonaria que salvar el Patrimonio o ponerlo en valor.
La imputación de Paz Olmos es un hecho que va más allá de la implicación a una funcionaria.
Por ello, la Generalitat debería de actuar de emergencia y con urgencia. No sólo para saber dónde se encuentran las obras desaparecidas sino para efectuar un inventario urgente y exhaustivo sobre todas las obras desperdigadas de nuestro patrimonio y que han sido cedidas. Más de uno se llevaría una sorpresa al conocer de qué forma se han manejado nuestras colecciones artísticas durante años.
