El Gobierno de Madrid margina los proyectos culturales de la Generalitat. Así de claro lo consideró ayer el pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) por casi unanimidad. Sólo se opuso el miembro de la institución a propuesta del PP, José María Lozano, arquitecto ahora de cámara de la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, quien hizo una defensa encendida de que los males no llegan por ahí y que el paisaje es idílico..

Pero no fue secundado por ninguno de sus compañeros, e incluso la propia directora del IVAM Consuelo Ciscar -Lozano es miembro del consejo rector del museo- le puso un ejemplo comparativo: mientras el IVAM recibe de Madrid 160.000 euros, al Macba de Barcelona le llena la caja con 900.000. Otros fueron más allá para recordarle la financiación de Les Arts o el propio retraso del San Pío V. Aún así, Lozano se opuso.

Pero más allá de este pequeño debate, el documento sobre Las consecuencia de la crisis en la Cultura alerta de los peligros de los continuos recortes o la catarsis que ha supuesto para muchos colectivos el incremento del IVA del 8 al 21%.

Por ello, el Consell de Cultura alerta de que los últimos datos apuntan a que la crisis económica está llevando a un callejón sin salida a los sectores profesionales relacionados con la cultura e incluso la danza está en trance de desaparición. Todo ello, sazonado con la subida de precios de los bienes y servicios y el descenso de demanda. El CVC reclama soluciones con los que paliar los recortes públicos y que se considere la Cultura y la Ciencia como oportunidad económica, productiva y de ética frente a la crisis.

La institución también daba ayer luz verde a un informe sobre la fractura hidráulica para la extracción de gas en el que se alineaba con las tesis suscritas por el comité de expertos que informó sobre los acontecimiento del norte de Castelló. El escrito advierte de los riesgos medioambientales y sísmicos de las operaciones que se están realizando en la C. Valenciana.

El presidente del CVC, Santiago Grisolía, impidó ayer que el cierre de RTVV se convirtiera en debate del pleno de la institución. Así que apeló a la declaración institucional que él mismo elaboró en su día para zanjar el asunto. Eso sí, antes advirtió que no se iba a permitir ninguna intervención, como quería la representante de Esquerra Unida, Gloria Marcos.

Así, el pleno ratificaba la declaración del 6 de noviembre en la que el CVC se ofrecía como mediador del conflicto y calificaba de dudosa legalidad la medida de la Generalitat y de mal irreparable para la cultura y la lengua el cierre del canal autonómico, "síntoma de problemas muy graves que merecen más atención que no reciben de nuestra sociedad en conjunto y de la clase dirigentes especialmente". r.f. valencia