El archivo visual y documental de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tiene destino, pero no se sabe cuál será su inminente utilidad. Tampoco gozarán de la máxima protección posible, esto es, ser considerados Bien de Interés Cultural (BIC), lo que impediría su futura disgregación, venta y obligaría a una perfecta y adecuada conservación, un uso racional y a no caer en el olvido.
Al menos así quedaba de manifiesto ayer en la comisión de Cultura de las Corts, donde el PP rechazaba una propuesta para que la memoria audiovisual de la Comunitat Valenciana, propiedad de la Generalitat, pagada con fondos públicos y que sintetiza 25 años de historia, gozara de la máxima protección que ofrece la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. El PSPV y Compromís habían pedido que se aplicara esta medida, al igual que lo había solicitado el Consell Valencià de Cultura (CVC) y otras entidades.
Según los populares, la declaración no es necesaria ya que los archivos audiovisuales y los documentos administrativos de RTVV ya están lo suficientemente protegidos gracias a la Ley de Patrimonio y la Ley de Archivos.
Así, será el almacén de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, ubicado en Paterna,el futuro destino del grueso audiovisual, mientras que el Archivo Histórico dará cobijo al fondo documental.
Para los socialistas, la declaración como BIC era un hecho simbólico, aunque necesario, ya que se trata de proteger un fondo compuesto por 250.000 cintas de vídeo y 1.300 de audio que contiene la historia reciente de la Comunitat Valenciana.
El propio Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) ya advertía en su día que el archivo de RTVV corría peligro de perderse después del cierre de RTVV y por ello también solicitó su declaración como BIC al igual que hizo la Asociación Ciudadanía y Comunicación (ACICOM). La misma protección solicitó la Academia de Bellas Artes de San Carlos.
En caso de que la Generalitat decidiera vender el archivo de RTVV estaría en la obligación de modificar algunas leyes como la de Patrimonio Cultural, o la Ley de Depósito Legal. También cuenta con la protección de la de Patrimonio Histórico de ámbito nacional. La Generalitat está obligada a su perfecta conservación ya que se trata de un bien sufragado con dinero público y no puede hacer cualquier uso de él.
La diputada del PP Marta Torres defendía que la declaración como BIC no era necesaria ya que la Generalitat tendrá a buen recaudo los archivos y estarán protegidos.
Por su parte, el edil socialista Juan Soto reclamaba al Consell que no silencie ni mande al olvido la memoria audiovisual de los valencianos. Para el diputado de Compromís Josep Maria Panella el archivo es «historia viva» de la sociedad valenciana.
Los propios productores reclamaba hace un tiempo al Consell el uso del material audiovisual creado para RTVV a fin de poder darle una segunda salida comercial, manteniendo RTVV los derechos de propiedad.
