El conflicto que mantiene la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas con los funcionarios a cuenta de la devolución de parte de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 que según los juzgados fue descontada indebidamente está lejos de solucionarse. Según ha podido saber este diario, el departamento que dirige Juan Carlos Moragues tiene en su poder un informe de los servicios jurídicos de la Generalitat en el que se recomienda al Consell que abone con carácter general a todos los funcionarios la parte que dejó de pagar al aplicar el decreto estatal de supresión al considerar que, en caso contrario, podría incurrir en algún supuesto de responsabilidad penal. Tal como ha venido informando Levante-EMV, la conselleria acumula ya decenas de sentencias condenatorias que afectan a miles de empleados en las que se insta a la Generalitat a abonar la deuda.
Sin embargo, el Gobierno central se niega a que las administraciones afectadas (en realidad son todas la administraciones públicas) acuerden el pago con carácter general. De hecho, el pasado miércoles en Alicante, el secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, amenazó al Consell con impugnar un hipotético acuerdo en este sentido. La posición del Ministerio de Hacienda ha generado un problema mayúsculo al Consell ya que los juzgados, colapsados con tantas denuncias individuales, están a punto de condenar en costas a la Generalitat. Eso significaría que la Generalitat además de pagar uno a uno a los funcionarios debería abonar las costas, unos 400 euros, una cantidad que sería incluso superior a lo que adeuda individualmente.
Pero, además, las sentencias que ya se han producido reconocen a los empleados públicos el derecho a cobrar intereses. Según fuentes sindicales, la Conselleria de Hacienda podría ya tener acumulados 8 millones de euros en concepto de intereses. Así las cosas, el Consell de Alberto Fabra se enfrenta a una difícil tesitura: o bien desobedece al ministro Cristóbal Montoro y opta por negociar un calendario de pagos con los sindicatos que frene los pleitos individuales o bien se enfrenta a un mayor desembolso monetario e incluso a una querella.
Unos 50 millones descontados
La Federación de Servicios Públcios del sindicato UGT ya ha anunciado que si después de las fiestas de Pascua la conselleria no da una solución, llevarán al conseller Juan Carlos Moragues y al propio presidente Alberto Fabra a los tribunales por supuesta prevaricación. Con todo, la opción de pagar también complica las cosas a la conselleria que no contaba con ello.
Según los sindicatos el dinero descontado indebidamente podría alcanzar unos 50 millones de euros correspondientes a los 120.000 funcionarios afectados por la supresión de la paga extra de Navidad en 2012 en la Comunitat Valenciana. Los sindicatos reclamaron desde el primer momento por los 44 días que se descontó a los funcionarios de forma inadecuada, según sostienen.
