En pleno debate sobre la ley autonómica de Mecenazgo que prepara la Generalitat, el presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), Santiago Grisolía, dio ayer un nuevo golpe a la Administración autonómica al considerar «mezquino» el anteproyecto de la ley que la institución considera insuficiente y sobre todo muy mejorable.

Desde diversos sectores del organismo creen que el documento no sólo debería acelerar su entrada en vigor, en un momento en el que el Gobierno de Rajoy ha optado por retirar su borrador, sino que necesita de muchos retoques. De hecho, el CVC se ofreció a trabajar en él de forma conjunta, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Si bien para algunos la norma es pobre, para Grisolía es mucho más que eso.

El propio secretario del CVC, Jesús Huguet, ponía el acento en que el documento de la Generalitat contempla «un mecenazgo dirigido» por los intereses de la propia Administración autonómica y no el de los ciudadanos e instituciones privadas. Para el CVC no es lógico que sea la Administración quien diga en qué se ha de invertir.

Además, el malestar del organismo va más allá ante el hecho de que las recomendaciones que fueron efectuadas en su día no hayan sido contempladas, lo que evidencia el distanciamiento que existe entre Gobierno y quien debería de ser su máxima autoridad consultiva.

Aunque el pleno se presumía tranquilo ya que en su orden del día apenas aparecían temas de relevancia salvo el apoyo a la declaración de Les Fogueres como Bien de Interés Cultura (BIC) Inmaterial, sí volvía a ponerse sobre la mesa la preocupación que existe no sólo en el seno del CVC sino en otros colectivos profesionales sobre la situación del archivo de RTVV, la verdadera historia visual de los últimos 25 años de la Comunitat Valenciana cuyo destino es incierto, aunque se adelantó que sería gestionado por el Instituto Valenciano del Audiovisual, sin responsable tras los últimos cambios en Cultura. La institución quiere supervisar el estado del archivo y reunirse con los liquidadores del ente.