La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 4 años y 10 meses de cárcel para el cantante José Ramón Márquez, Ramoncín, por la supuesta emisión de facturas falsas que cargaba a la Sociedad General de Autores (SGAE) por servicios inexistentes y a través de las que presuntamente obtuvo 57.402 euros.
La petición de penas para Ramoncín se conoció poco después de que este anunciara la cancelación del concierto que tenía previsto ofrecer el próximo sábado en Madrid, advirtiendo de que no actuará en España hasta que «no pueda colgarse un cartel a la espalda en el que se lea: inocente».
En su escrito de acusación, remitido ayer a la Audiencia Nacional, el fiscal José Miguel Alonso pide para el cantante, que formó parte de la directiva de la SGAE entre 1998 y 2007, dos años y diez meses por el delito de apropiación indebida y dos años más por el de falsedad documental, así como una multa de 13.924 euros por delito societario.
El fiscal pide la misma pena para el ex director general de la SDAE „filial digital de la SGAE„ y presunto cabecilla de esta trama, José Luis Rodríguez Neri.
Por estos mismos hechos solicita también dos años y nueve meses de cárcel para el ex secretario general de la SGAE Pablo Antonio Hernández Arroyo, y dos años para el ex director general de la entidad Enrique Loras, así como multas de 40.356 y de 20.886 euros, respectivamente, por administración fraudulenta.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama que Ramoncín indemnice a la SGAE con 50.912 euros, una cantidad de la que responderá solidariamente Neri hasta 43.950 euros.
Según el fiscal, Ramoncín y «su amigo» Neri, «con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito», elaboraron documentos de apariencia legal para sustraer fondos de la SGAE mediante cinco operaciones, con las que obtuvo 57.402 euros. Todo ello, añade, al margen de los 121.159 euros que debía el cantante a la entidad en concepto de anticipos de derechos de autor.
La primera de esas cinco operaciones fraudulentas consistió en la emisión en 2008 de una factura de 10.100 euros a nombre de Ramoncín por parte de la sociedad Portal Latino, que tenía a la SDAE como único socio, con el objeto de poner en marcha un programa de televisión llamado El creador (cuya realización no consta).
Con ese mismo sistema, el cantante facturó 5.800 euros por un proyecto llamado «Caja fuerte virtual» y 16.250 euros por un programa llamado ¿Hablamos el mismo idioma?, que en ambos casos tampoco se llevaron a cabo.
En 2010, Ramoncín cargó otra factura por 6.962 euros que amparó en el llamado «Elaboración del proyecto de divulgación de derechos de autor» y en 2011 obtuvo 6.490 euros bajo el concepto «Adelanto de la indemnización contemplada en la sentencia del Tribunal Supremo de 2011».
El caso SGAE lo abrió en 2011 Baltasar Garzón a raíz de la operación en la que fue detenido, entre otros, Teddy Bautista.
