Recuperar presencia pública, prestigio, presupuesto? Vida normal, en definitiva. Es lo que espera la mayoría de los 19 miembros (hay dos vacantes) de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de la nueva etapa política. Podrán hablarlo en persona hoy, en el primer pleno después de las elecciones autonómicas. Como en ocasiones pasadas, no es descartable que aprueben una declaración dirigida a los partidos.
De las urnas ha salido un mandamiento de cambio políticos y los dos partidos llamados a encabezarlo mantienen en su agenda el impulso a la autoridad lingüística.
Esta viene de una etapa de tensión con el Gobierno autonómico marcada por tres ejes: ahogamiento económico, plan de recorte de su composición y amenaza a su autoridad a través de la ley de señas de identidad aprobada hace dos meses.
La AVL cuenta en 2015 con un presupuesto anual de tres millones, uno menos que en 2011. Ha reducido actividades y publicaciones, y ha echado mano de los ahorros de los primeros ejercicios, en los que apartaba una cantidad en previsión del coste de una futura sede propia. Hoy vive al día, aseguran fuentes oficiales, sin remanentes ya y con la esperanza de que la amenaza de «cortar el grifo» sea pasado.
La Acadèmia se ha visto inmersa en el último año y medio en un conflicto con el Consell de Alberto Fabra a raíz de la definición de valenciano incluida en su Diccionari Normatiu Valencià (DNV), pese a que esta entronca con el contenido del dictamen sobre la entidad del idioma de 2005, aceptado entonces por el Ejecutivo.
La AVL hizo caso omiso a la petición de rectificación de la entrada y optó por continuar con su línea sin altavoces, actitud que mantuvo cuando el Gobierno „por vía del conseller de Gobernación, Luis Santamaría„ puso encima de la mesa la ley de señas de identidad. Esta margina a la institución lingüística entre las que han de velar por el buen uso de los símbolos patrios para dar prioridad a otras, como Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), que defienden una normativa distinta a la oficial, emanada de la AVL.
«No nos molestamos mucho ni en contestar porque pensábamos que esa ley no iría lejos», afirmaba ayer un académico a Levante-EMV.
Eso es la que plantea ahora el PSPV. Su intención es derogar una ley que le produce un «rechazo absoluto», porque rescata «polémicas muy superadas», señaló ayer la escritora Carmen Amoraga, número dos en la lista por Valencia de los socialistas.
La autora recuerda que el programa de Ximo Puig subraya reforzar el apoyo a la Acadèmia como «único órgano normativo sobre la lengua» y se compromete a evitar «cualquier propuesta legislativa que menoscabe dicha condición».
Compromís no incluía una mención específica a la entidad en su programa, pero ha defendido con contundencia su funcionamiento libre, «sin interferencias políticas», destacaban ayer fuentes de la coalición. Agregaban la oposición «furibunda» a la ley de símbolos, de modo que «la lógica dicta» que sea derogada, dijeron.
El presidente de la AVL, Ramon Ferrer, ya ha telefoneado a responsables del PSPV (el propio Puig) y Compromís (Enric Morera) para felicitarlos por el resultado electoral. Con todo, el entorno de Ferrer „académico a propuesta del PP y procedente de la RACV„ precisa que la relación personal con el jefe del Consell nunca ha dejado de ser cordial, a pesar de las iniciativas políticas.
