«El informe de la Intervención relata numerosas actuaciones irregulares que suponen un grave quebranto para el erario público y, en particular, para el maltrecho presupuesto del IVAM». La frase es de la nueva dirección del museo. Figura en el documento de «alegaciones» al informe de la Intervención de la Generalitat. Firman el papel el sucesor en el cargo de Consuelo Ciscar, José MIguel G. Cortés, y el administrador del instituto, Joan Llinares.

Consideran que los hechos recogidos por Hacienda podrían constituir además conductas tipificadas en el ordenamiento jurídico penal que desbordan, dicen, las capacidades del museo. Por ello, entienden que es necesario dar traslado a la Abogacía de la Generalitat «al objeto de que se interpongan cuantas acciones sean necesarias para la recuperación de los importes señalados en el informe» de Intervención, así como para la «determinación de responsabilidades a que hubiere lugar».

A partir de ahora, el calendario pasa por esperar a que Intervención eleve a definitivo su informe tras el estudio de las alegaciones. Será después cuando llegue el momento de la actuación de la Abogacía de la Generalitat. Lo usual en estos casos —así sucedió en la investigación en el Palau de les Arts, por ejemplo— es que los servicios jurídicos del Consell trasladen los hechos a la Fiscalía, que decidirá si investiga a Ciscar, tal como hizo con la exintendente de la ópera, Helga Schmidt.

Cortés y Llinares defienden en las alegaciones su línea de actuación desde que entraron en el IVAM en septiembre de 2014. Aseguran que desde 2013 —Català es consellera desde diciembre de 2012— todas las compras de arte se ajustan a la ley y que tienen en elaboración un plan de adquisiciones y han puesto en marcha un nuevo procedimiento con estudio del valor de mercado.

Los nuevos gestores señalan que ya han pedido la entrega «a la mayor brevedad posible» de las piezas no recibidas del legado de Gerardo Rueda y la que se pagó a la fundición y no llegó nunca. También han ajustado los procedimientos de contratación de comisarios, aunque, por ahora, lamentan, no han superado el importe de contratos menores.