El Museo de Bellas Artes se convirtió durante todo el día de ayer en artillería cruzada entre sus actuales responsables y quienes lo han gestionado hasta hace apenas dos meses. Desde ambas bancadas se miró al de enfrente buscando el recoveco por donde expiar la responsabilidad por el saqueo. El argumento detonado por los actuales gestores fue el de la «pésima gestión» de la anterior directora del San Pío V, Paz Olmos, destituida hace unas semanas. La trinchera del PP fue la, a su parecer, dejación de funciones del actual Consell, al que acusan de estar «de vacaciones».

El primero en lanzar el museo a sus adversarios políticos fue el delegado de Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, quien de buena mañana ya había acusado de estar el «presidente de la Generalitat y casi todos miembros del Consell de vacaciones» y dejar a la intemperie el San Pío, descabezado tras la destitución de Paz Olmos, sin dirección ni gerencia que dieran cuenta del «fallo de seguridad» en el que recordó que es un recinto de propiedad estatal pero con la gestión cedida a la Generalitat.

Este último argumento, pero al revés, fue el primero que utilizaron desde el propio Consell. «La gestión es de la Generalitat pero el museo es estatal», advertía el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, para a continuación recordar que las obras en el museo, las que han generado los puntos ciegos por donde entraron los ladrones, eran responsabilidad del ministerio de Cultura. «En la zona donde está el pabellón-almacén la responsabilidad de la Generalitat es mínima», incidía Girona, para después pasar a la ofensiva, concretamente contra la anterior directora del museo, Paz Olmos. «Es consecuencia de la pésima dirección del museo en los últimos años, porque nos hemos desayunado que hay una cámara de videovigilancia que se anuló cuando empezaron las obras por cuestiones presupuestarias, porque se consideró así por la dirección de la obra», denunciaba el secretario autonómico, que añadía haberse puesto en contacto con «el responsable del ministerio» para comunicarle «el problema que genera la obra».

A esa misma línea se adscribió la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, cuando decía que el robo «no se ha debido a la mala suerte», para pasar a repartir la culpa entre la propia Olmos, además de la anterior consellera Maria José Català y el expresidente Alberto Fabra. «Dejaban que el criterio del [anterior] gerente, que era totalmente válido, si chocaba con lo que pensaba la directora se dejaba sin resolver», abundó la directora general. Amoraga aprovechó para anunciar que tras el saqueo se ha cambiado el protocolo de la custodia del museo: «somos presos del anterior presupuesto pero vamos a hacer más equilibrada la vigilancia personal». La defensa por la ausencia de gobierno en el museo desde la destitución de Olmos, consistió en aludir a los plazos propios de la administración: «Estamos esperando que Función Pública acepte la persona que hemos elegido como director provisional hasta el concurso», apuntaba Amoraga precisamente la mañana que, afirmaba, estaba programado para presentar al nuevo gerente del museo: Miguel Ángel Piqueras.

En el PP se quedarían con una última réplica, ya por la tarde, mediante un comunicado del secretario general del grupo parlamentario en las Corts, Luis Santamaría, quien apuntó directamente a que «quien tiene la llave es el responsable» e instó al nuevo gobierno a dejar de buscar la culpa en manos ajenas y a «centrarse es que estos sucesos no vuelvan a producirse». Santamaría recogía el hilo de su compañero de partido Moragues para afear al Consell que estén «de vacaciones» y de falta de transparencia, al haber sido conocido el incidente mediante este diario. Pero Santamaría fue un paso más allá: «¿Dónde está el conseller, de vacaciones o es que sigue sin querer dar la cara por no hablar de sus opiniones sobre els Països Catalans?», inquiría el popular, devolviendo la guerra a un terreno ya pisado, fuera de las lindes del expoliado San Pío V.