La Generalitat valenciana aplicará un código de buenas prácticas en la cultura valenciana, que garantizará la "profesionalización" de los organismos culturales públicos, a través de concursos públicos, así como la transparencia y la ética en la gestión cultural.

El documento ha sido presentado hoy en rueda de prensa por el conseller de Cultura, Vicent Marzà, junto al secretario autonómico de Cultura y Deporte, Albert Girona, y la directora general de Cultura y Patrimonio Carmen Amoraga, y posteriormente a los agentes implicados en la cultura valenciana en un acto institucional.

Este código se aplicará en la selección de los directores de centros de referencia y otros organismos culturales, entre ellos el Museo de Bellas Artes San Pío V, el Consorcio de Museos, CulturArts, el Palau de les Arts y el IVAM, atendiendo a los principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad, y por concurso público.

Una iniciativa que fue incluida en el Acuerdo del Botànico, que quiere dar respuesta al "¿qué?, ¿quién? y ¿cómo?" se gestiona la cultura valenciana, "invirtiendo el orden" del anterior gobierno del PP que, según el conseller, priorizó "quién debía ocupar un espacio o estar al frente de una institución cultural, y después qué hacer, sin una política común".

El código incluye buenas prácticas en valores éticos, en materia de recursos humanos, en la gestión de centros públicos culturales, y en la evaluación de la calidad de servicios.

En cuanto a los órganos de selección de los directores de los centros culturales, Girona ha explicado que estarán compuestos por representantes de la Administración pública (entre un 20 y un 33 %), de la sociedad civil (20-33%), y de expertos y científicos (33-50%).

La intención, ha señalado el secretario autonómico, es que este código se aplique desde "ya" de forma progresiva, aunque en algunos casos habrá que cambiar la legislación, como el de CulturArts o el museo San Pío V.

Respecto a los sueldos de los nuevos directores, Girona ha informado de que serán similares a los un director general o un secretario autonómico, de entre 50.000 y 60.000 euros.

Además, la gestión de los directores será evaluada por parte de la comisión de seguimiento, con carácter semestral, en función de los objetivos establecidos en el organismos y los compromisos adquiridos y la "satisfacción" de los destinatarios de los servicios.

En caso del incumplimiento del contrato o de evaluaciones negativas, la Administración pública podrá destituirles, según establece el código.

En cuanto a la dirección del IVAM y del Palau de Les Arts, Girona ha indicado que se respetarán los contratos firmados por el anterior Gobierno con los actuales directores, aunque se pedirá que cumplan con el código.

La Generalitat contempla también la "universalización" del consumo cultural, a través de precios que faciliten la asistencia de personas mayores de 65 años, jóvenes, grupos y abonos, y la generación de un "nuevo público", y se fomentará la participación directa de los ciudadanos a través de encuestas.

El conseller de Cultura ha lamentado que el anterior gobierno del PP ha dejado en la Generalitat un "regalo envenenado", al consignar convenios plurianuales, incluso al alza, que el nuevo Gobierno ha tenido que asumir y que condicionan el presupuesto para los próximos años, aunque ha asegurado que la política cultural será "prioritaria".

"El edificio estaba en ruinas y lo que vamos a hacer es apuntalarlo para que no vuelva a caer, y para ello contaremos con toda la sociedad", ha añadido Amoraga.