El penúltimo capítulo en el nombramiento de Vicent Flor al frente de la Institució Alfons el Magnànim es, también, el primero de un organismo en el que se han sacudido las tensiones entre el gobierno y oposición. Un campo minado por trifulcas burocráticas, ataques por el concurso y contraataques incluso por la Operación Taula. Todo para que, al final, Flor saliera indemne, igual que su salario.

Once representantes formaron el primer consejo de administración en la nueva etapa de la IAM con Xavier Rius (Compromís) al frente, dos diputados más de Compromís por otros tres de los socialistas, incluyendo la vicepresidencia; uno por cada partido restantes y dos vocales más de las cuatro aulas integradas en la IAM. Estos últimos se abstuvieron en la votación, según señalan fuentes de la reunión, «por ética», debido a que su labor habría finalizado en diciembre. Por su parte, el PSPV se unió a su socio de gobierno, Compromís, a pesar de que en las últimas semanas el propio presidente de la diputación le había expresado a Rius su disconformidad con el salario del director. València en Comú y Esquerra Unida secundaron el nombramiento, y solo se opusieron Ciudadanos y PP. Los primeros porque entendían que el proceso se había llevado por mal camino y los segundos presentando una enmienda a la totalidad.

De hecho fue con la delegada del PP, Carmen Contelles, con quien se produjo el intercambio de reproches. En primer lugar porque desde el gobierno decían que no tenía potestad para estar en la reunión, dado que la designada es Beatriz Simón, imputada por la Operación Taula. Contelles, portavoz de los populares en la diputación, se presentó con un escrito en el que Simón le cedía el puesto. Las fricciones entre gobierno y opositora se trasladaron luego hacia el proceso de elección de Flor: en el PP disparan denunciando que hace 12 días pidieron el expediente del concurso y aún no se les ha facilitado; desde el tripartito

contestan que se debe a un error en la forma de petición. Desde uno y otro lado apuntan a que fue el de enfrente el que embarró la reunión.

El próximo paso para el gobierno será contestar al recurso del PP contra el nombramiento, alegando que ya se ha resuelto el defecto de forma (la ratificación del consejo). En el PP, señalan, valorarán si continúan la batalla en los juzgados.