«En él se percibe una forma de gestión y organización continuista y anclada en políticas del pasado que no hacen honor a la declaración de intenciones del Código de buenas prácticas», señaló la entidad.
El colectivo afirma que, a pesar del énfasis que la Conselleria de Cultura ha puesto en la equidad de la distribución de los porcentajes que componen este comité „33,3 % sector profesional, 33,3 % sociedad civil y 33,3 % administración„, una de las reivindicaciones que el sector del arte viene haciendo es la desvinculación del poder político de la cultura.
«Por esto, no entendemos que se plantee un comité evaluador con un 33,3 % de miembros políticos ligados a la administración», asegura. El sector político debería tener voz pero no voto, agrega.
«Nos sorprende la elección de algunos miembros vinculados a anteriores gobiernos», apuntan también en referencia a Manuel Muñoz Ibáñez y Felipe Garín, director actual de la institución.
