El pleno de ayer del Consell Valencià de Cultura (CVC) es de los del vaso. Medio lleno o medio vacío. Según gustos. Para algunos, que se votara y se aprobara una propuesta del presidente para que los miembros judicialmente investigados «renuncien voluntariamente, de manera cautelar, al ejercicio de sus funciones», es «una muy buena señal». Para otros, que el código ético del que se habló en enero haya quedado por el camino y ni se solicite a la Generalitat que modifique el reglamento de la institución para apartar a los imputados, de modo que todo quede al final en la voluntad de los afectados, es «depecionante».

La prueba del algodón será la aplicación práctica de la declaración de intenciones. Las medidas éticas, que Levante-EMV adelantó el pasado miércoles, son materia de trabajo del CVC tras la imputación de Consuelo Císcar por varios presuntos delitos „prevaricación, malversación y falsedad documental„ por sobrecostes e irregularidades en su etapa al frente del IVAM, pero esta no aclaró ayer su posición con respecto a la petición de Santiago Grisolía.

No obstante, su actitud ayer dio a entender más bien que no piensa apartarse: se mantuvo callada antes y durante el debate de la propuesta; pero una vez aprobada, en contra del contenido del documento, saeteó con varias preguntas sobre la gestión económica al secretario, Jesús Huguet. Este, al final del pleno, dejó caer si tenía alguna cuestión más y ella zanjó: «Usted quiere provocarme».

Sí fue claro Vicent Farnós, el otro imputado „esta vez por el caso Gürtel„ entre los miembros del CVC. El exdirector de Castelló Cultural, que en su momento anunció que se apartaría de la vida ordinaria de la entidad, ayer dijo que no, que solo se somete a lo que dicta la ley del CVC porque «creo en la presunción de inocencia». La norma solo contempla el abandono del organismo por sentencia firme inhabilitadora.

Císcar no tomó la voz, pero sí fue defendida por José María Lozano „ex miembro del consejo rector del IVAM„, que afirmó que durante ese tiempo no «ha habido irregularidad alguna» y calificó de «disparates» las acusacciones contra su «admirada» vecina de sillón en el pleno.

La propuesta, que apela a «la autoridad moral» del organismo, se aprobó por 10 votos a favor, cuatro en contra y cuatro en blanco tras votación secreta. Lozano anunció que se abstenía. Martín Quirós y García Asensio se ausentaron. Císcar entregó la última papeleta.