Mejor que hablen los hechos. Consuelo Císcar prefirió no confesar sus intenciones cuando el último pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) aprobó por mayoría (diez votos de un total de 19) una declaración por la que el presidente de la institución, Santiago Grisolía, insta a los miembros investigados judicialmente por algún presunto caso de corrupción a renunciar voluntariamente a sus funciones y apartarse de la actividad del organismo. «Para velar por la autoridad moral y el buen funcionamiento» del CVC.
La exdirectora del IVAM no habló, ni durante el debate ni después ante la prensa. Lo hizo ayer con hechos. Estaba convocada la primera reunión de trabajo después del pleno del día 29 de febrero (una sesión de la comisión de Promoción Cultural, de la que ella forma parte). Y acudió. Participó durante una parte del encuentro, confirmaron a Levante-EMV varios miembros del CVC. Como un día más, sin comentario alguno sobre su presencia tras el acuerdo de la entidad.
También estuvo Vicent Farnós, el otro imputado „según denominación jurídica antigua„ entre los 21 componentes del Consell de Cultura. El exdirector de Cstelló Cultural está incluido en una de las piezas del caso Gürtel. Por su parte, Císcar está investigada por posibles irregularidades y sobrecostes en su gestión al frente del IVAM. La juez ha visto indicios de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Farnós, que es secretario de la comisión, ya adelantó el pasado día 29 de febrero, durante el pleno, que no pensaba hacer caso de la petición del presidente aprobada por mayoría. Se escudó en la presunción de inocencia.
La dirección del PP valenciano ya urgió a Císcar a apartarse del CVC tras su imputación, pero ella hizo oídos sordos
