Agentes del grupo de Delicuencia Económica de la Policía Nacional (UDEF) y del juzgado han requisado las copias de seguridad de los ordenadores de Consuelo Císcar y todo su equipo directivo en el IVAM. El material intervenido incluye los correos electrónicos y los documentos guardados durante la mayor parte de los diez años de gestión (2004-2014) de la ahora investigada por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Un informe policial incorporado al sumario del caso „al que ha tenido acceso Levante-EMV„ relata cómo un representante judicial y un agente se personaron el pasado 27 de noviembre en el museo a instancias de la juez Nuria Soler y se llevaron una réplica de las copias informáticas de seguridad que conserva el IVAM. El soporte contiene los correos electrónicos y la documentación generada por Císcar.
Lo mismo hicieron con las copias de seguridad de su cúpula directiva, también imputada en la causa abierta por el juzgado de instrucción 21 de Valencia.
Los agentes se incautaron del rastro informático dejado en el IVAM por Juan Carlos Lledó, Juan José Bría, Norberto Martínez y Raquel Gutiérrez (la única que continúa en el museo, en un puesto de técnica de exposiciones).
También se llevaron copia de los papeles y correos de Luisa del Cerro (fue jefa de publicaciones antes de pasar a la Diputación de Valencia) e intentaron hacer lo mismo con el material de otra responsable de ediciones con Císcar, Francisca Aleixandre, aunque no pudieron porque «no existe» copia de seguridad.
Los gastos en publicaciones y los sobrecostes en las compras de arte están en el eje de la investigación judicial iniciada el pasado verano, tras el contundente informe de la Intervención de la Generalitat sobre la gestión de Císcar.
La incautación de la huella informática de la exdirectora y su equipo fue una de las últimas actuaciones ordenadas por la juez antes de levantar el secreto de las actuaciones e imputar (investigar es el término jurídico apropiado actualmente) a Císcar, los cuatro exsubdirectores y el empresario de transportes y viajes Enrique Martínez.
El ejemplo del caso Dívar
La decisión de la magistrada se produjo después de que la defensa de Císcar alegara una «investigación prospectiva». Esto es, que el juzgado estaba buceando en el pasado de la gestión de Císcar (la investigación de la Intervención se ceñía al periodo entre 2009 y 2014) y más allá de los presuntos sobrecostes «a la búsqueda de cualquier atisbo de infracción penal». Y esto, dice, «sería propio de un sistema de inquisición general incompatible con nuestro sistema procesal».
En su escrito, Juan Molpeceres, el abogado de la ahora miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC), compara la situación de su representada con la del expresidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Dívar, que vio como era desestimada la querella por los gastos de sus numerosos viajes a Marbella porque los hechos en cuestión ya habían sido auditados.
Documentación «muy extensa»
A la vista de estos argumentos, la defensa de Císcar pedía en enero pasado el sobreseimiento de la causa. La juez se opuso tras el informe en este sentido de la Fiscalía y pasó a imputar a la exdirectora, su equipo y el empresario citado. Al tiempo, acordó el cese del secreto de las actuaciones.
El material informático intervenido, que es «muy extenso» „incluye archivos desde 2006 hasta 2014, precisa la UDEF„, está siendo vaciado por los especialistas de la Policía. Es uno de los materiales sobre los que se centra en la actualidad la investigación contra Consuelo Císcar.
