Consuelo Císcar vio pasar durante sus diez años en el IVAM a cinco consellers, unos de Educación y Cultura, otros de Cultura solo y alguno de Turismo y Cultura. Hoy, algunos, los que hablan, se muestran tan sorprendidos por los presuntos delitos e irregularidades en la gestión que se están conociendo como por no haber recibido ninguna denuncia entonces, aseguran, de quienes desde el museo han expuesto después a los inspectores de Policía tantos «preocupantes» hechos.
Esteban González Pons.
A Consuelo Císcar la nombró directora del IVAM Esteban González Pons, que fue el primer conseller de Cultura de los gobiernos de Francisco Camps. Se interpretó entonces como una manera de alejarla de la conselleria, donde había gobernado los asuntos de la cultura en la etapa de Eduardo Zaplana de president. El IVAM era además una vieja aspiración de la esposa del entonces poderoso conseller Rafael Blasco. Hoy, tras pasar por la política española y dedicado a la europea en este momento, González Pons apela a la frase popular del árbol caído para no comentar la situación actual de Císcar.
Alejandro Font de Mora.
Fue el responsable siguiente de Cultura y se declara «sorprendido desagradablemente» por todo lo que el sumario de la investigación judicial contra la exdirectora está destapando. «Siempre con la cautela de que todo ha de ser demostrado ante los tribunales», precisa.
El exconseller nunca tuvo conocimiento de nada, asegura. Ahí radica su otra sorpresa, declara a Levante-EMV, su «razonable queja retrospectiva», porque «alguna gente que se manifiesta ahora lo podía haber hecho antes». La referencia parece directa hacia los técnicos del museo cuyas declaraciones policiales sobre la gestión de Císcar son uno de los pilares del sumario por los presuntos sobrecostes y otras irregularidades.
No obstante, el «lamento» de Font de Mora contrasta con el hecho de que en la investigación sí constan informes internos de técnicos contra prácticas que se repiten, como adjudicar contratos, algunos por decenas de miles de euros, sin un expediente previo de licitación. Que esos escritos no trascendieran más allá del museo y no llegaran a los altos despachos de Campanar, lleva a otro debate sobre el funcionamiento de la Administración.
Font de Mora, que recuerda haber presidido dos consejos rectores, con «mucha gente de prestigio», señala que el ciclo es otro y la perspectiva diferente después de una crisis de por medio, pero los hechos delictivos «lo son siempre». Con todo, afirma que tuvo a Císcar como una gestora responsable, con sus peculiaridades, si, pero no observó «apariencias de disfunciones graves».
Trini Miró.
Fue solo consellera de Cultura, a diferencia de sus dos predecesores. Aunque ha tenido que declarar la semana pasada en Mallorca por el caso Nóos, al igual que González Pons, alega que está alejada desde 2015 de la política para tomar distancia con el caso Císcar: ha vuelto a su plaza de profesora de danza española en el conservatorio de Alcoi y prefiere continuar en silencio con su desconexión.
Lola Johnson.
Ella también ha dado un paso a un lado, aunque su vinculación en el caso Valmor devuelva su nombre cada cierto tiempo a los periódicos. Como conoce las consecuencias de una imputación, subraya que «hasta que no se demuestra algo, no hay nada». Le sorprenden «las dudas» sobre las compras, porque ella conoció los consejos rectores: «Y no creo que sea gente tan tonta como para comprar piezas de un artista [Gerardo Rueda] hechas después de su muerte».
¿Gritos y malos tratos? Johnson no percibió nada de eso, como han denunciado varios técnicos. «Císcar sí era muy exigente y muy perfeccionista. Llegaba la primera y se iba la última», dice. Y destaca además el interés por buscar patrocinios en tiempos que menguaban los fondos públicos y su lucha contra Presidencia para que el IVAM quedara al margen de CulturArts.
María José Català.
Sí sigue en activo en el grupo parlamentario popular en las Corts. Su experiencia fue «corta», de enero de 2013 a marzo de 2014, cuando Císcar «sale» del museo. ¿Sale? «Vamos a decir sale», insiste, pese a que en su momento se planteó que fue más bien una destitución encubierta.
La dirección de la conselleria, explica, fue que entrara con una auditoría y una reflexión de la gestión anterior. «Por eso se pidió el informe a Intervención de la Generalitat», señala. Este documento es el que hizo saltar las alertas sobre numerosas irregularidades en la etapa de Císcar y es el motor de la actuación judicial contra la exdirectora.
«Me pareció preocupante „afirma la diputada„, pero con tan poco tiempo de trato y gestión no puedo decir que esperaba esto o lo otro».
Como a Font de Mora, lo que le sorprende, dice, es que durante su etapa en Campanar «ningún trabajador se dirigiera a mí para denunciar algo sobre Consuelo Císcar». Porque algunos de los asuntos que han trascendido del sumario lo califica como «muy preocupantes». Aunque le tocó vivir el adiós de Císcar, sostiene con una sonrisa que la exdirectora a ella nunca le gritó. Otros no pueden decir lo mismo.
