Helga Schmidt dormía convaleciente del tratamiento contra una enfermedad en su habitación de un hotel de alta gama junto a la playa de las Arenas de Valencia cuando agentes de Policía entraron en busca de documentación sobre presuntas irregularidades en la gestión del Palau de les Arts. De allí se trasladaron, con la exintendente al lado en calidad de detenida, a su despacho en el coliseo, mientras dos helicópteros vigilaban la operación desde el aire.

Era el 20 de enero de 2015 y algo similar vivía el exadministrador del teatro de ópera, Ernesto Moreno, funcionario de larga lista de servicios conocido sobre todo por ser el último director general de RTVV, mientras se preparaba su liquidación. Ambos resultaron imputados tras aquella jornada.

Después de la operación, vino un silencio de meses, motivado entre otras cosas por la densa de tarea de procesar el volumen de documentación requisada y por la enfermedad del primer juez instructor de la causa.

Esta regresaba a la actualidad el pasado mes de febrero, cuando el juzgado la declaraba «causa compleja», lo que suponía ampliar el plazo de instrucción de seis a 18 meses.

Durante todo este tiempo, Schmidt ha regresado a su domicilio en Italia. Continúa sin pasaporte y ha de personarse el primer jueves de los meses impares en una instancia oficial española „lo hace ahora en Milán„ para firmar. Fue llamada a declarar y se acogió a su derecho a no hacerlo, según fuentes próximas a la investigación.

La causa parte de un documento de la Intervención de la Generalitat „realizado tras un informe de un exdirectivo bautizado como Diógenes„ que subraya posibles irregularidades en los pagos a Patrocini de les Arts, a la firma Radcliffe (de Pablo Broseta) por los folletos que editó, y en los contratos con estrellas, como Plácido Domingo y Zubin Mehta. El primero percibió más de 900.000 euros en el periodo analizado; el segundo, 5,3 millones.

Sin embargo, según ha podido saber Levante-EMV, este tercer elemento de la investigación ha quedado excluido, por ahora, del informe de la UDEF que ha dado pie a las nuevas imputaciones de los tres empresarios.

Schmidt está representada por Juan Pablo Agulló, abogado de Alicante socio de David Serra en una firma investigada en el caso por la posible financiación irregular del PP valenciano.