La declaración que el Consell Valencià de Cultura (CVC) aprobó en febrero en la que instaba a los miembros imputados „léase Consuelo Císcar y Vicent Farnós„ a apartarse del funcionamiento de la institución no ha surtido efecto, así que ahora la misión se ha trasladado al conseller de Transparencia, quien visitó el pasado 31 de marzo el organismo.
La herramienta para dejar al margen a Císcar, investigada judicialmente por presuntos sobrecostes en su gestión al frente del IVAM, es el reglamento que Transparencia ha empezado a redactar para las instituciones autonómicas, un «código ético» que incluiría las obligaciones de sus componentes. El presidente del CVC reconoció antes del pleno de ayer las limitaciones de la entidad con este asunto. «Es parte del Consell de Cultura y no podemos hacer nada», dijo sobre Císcar. «Si quiere» puede abandonar la entidad, recordó, pero «nadie la puede echar». «Tengamos paciencia», recomendó con una sonrisa.
La situación judicial de Císcar tensa el ambiente en la entidad. José María Lozano, próximo a la exdirectora, afeó que algunos «colegas» sean «proclives» a manifetar su «malestar» por «la permanencia de algunos consejeros». Glòria Marcos, que minutos antes del pleno había calificado de «intolerable» la presencia de Císcar, defendió su «derecho» a opinar con su nombre lo que considere. Además, el CVC acordó expresar su «malestar» y «preocupación» porque el conseller de Cultura, Vicent Marzà, se haya saltado el trámite de consultarle sobre el Plan Estratégico del sector.
