Antonio Bravo, exgerente del Museo de Bellas Artes, contraatacó ayer contra Paz Olmos y los otros dos firmantes de la denuncia presentada contra él hace un año a la conselleria de Cultura y, en la que entre otras cosas, se le acusaba de «obstaculizar» la gestión del museo o de un capítulo de intimidación a uno de los extrabajadores denunciantes durante una inauguración.
Ayer Bravo conoció que el expediente abierto para estudiar los hechos denunciados quedaba archivado definitivamente, hecho que confirmaron fuentes de la conselleria de Cultura a este periódico. La denuncia de Paz Olmos junto a los exmiembros del museo Manuel Marzal y Joaquín Lara se produjo en junio de 2015. «Se señalaban muchos puntos en mi contra: por un lado se decía que yo me había negado a firmar facturas y que entorpecía la marcha del museo; también se me acusaba de haber ´agarrado de las solapas e insultar´ a uno de ellos en la inauguración de la exposición de Juan de Juanes en 2005», relataba Bravo ayer a Levante-EMV.
Cuando Cultura recibió los escritos contra Bravo se decidió incoar expediente para estudiar los hechos. «Pero algunos puntos ni se estudiaron como, por ejemplo, el suceso en el que yo habría agredido a Lara: ellos señalan que ocurrió en el año 2000, cuando yo entré en 2005 al museo», explicaba Bravo, extremo por el que ayer mismo decidió contraatacar demandando un expediente disciplinario contra los firmantes de ese documento por «falsas acusaciones e injurias», tal como se recoge en la documentación a la que tuvo acceso este diario y que fue entregada a la conselleria.
Bravo apunta en su escrito que los informes presentados por Olmos, Marzal y Lara «son manifiestamente falsos» y tienen el objetivo «de hacer el máximo daño posible». Bravo también expone en su documento que desde la actual dirección se le trasladó que recientemente se ha encontrado una carpeta en el museo titulada Expediente X que pertenecía a Olmos y en la cual habría documentos destinados a alimentar el expediente contra él. «Paz Olmos actuó con abuso de poder en el ejercicio de su cargo, pues aprovechó su situación y la información de que disponía en beneficio propio», abunda el exgerente.
Bravo añadía a este periódico que en el dictamen que le llegó ayer de la subsecretaría de Cultura se le informaba que, en todos los capítulos que han sido analizados durante este año, el entonces gerente actuó «de acuerdo a la legalidad». «Me negué a pagar facturas, por ejemplo, que salían de la caja fija para las exposiciones, porque la caja fija era para el mantenimiento del museo; también había otro conjunto de facturas que no firmé porque no estaban destinadas a personas jurídicas», expuso Bravo.
Por último, Bravo también hace referencia a uno de los hechos de los que le acusaban los tres denunciantes: haber retirado las urnas de la Asociación Amigos del Museo. Lo que Bravo cataloga como otra «denuncia falsa» se habría hecho, según su propio relato de los hechos, «para esconder unas prácticas irregulares que suponen un daño para el patrimonio de la Generalitat Valenciana». Por todo ello, Bravo pide que se abra expediente contra los tres firmantes de la denuncia. Se inicia así un nuevo capítulo en el conflicto iniciado hace ya más de un año.
