La Abogacía de la Generalitat reduce ligeramente las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para los exresponsables del Palau de les Arts y reclama siete años y un día de cárcel para la exintendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt (frente a los siete años y seis meses del Ministerio Público) y para el exdirector financiero, Ernesto Moreno (para el que Anticorrupción demandaba la pena más elevada: 8 años de prisión). Los letrados del Consell consideran a ambos exaltos cargos autores de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos continuada y falsedad de documento mercantil, por las irregularidades en su gestión del coliseo valenciano al contratar tres empresas para la búsqueda de patrocinios, emisión de óperas en la calle e impresión de folletos y libretos.
Aunque para los tres empresarios procesados en el Caso Palau, José Antonio Noguera Puchol, Joaquín Maldonado y Pablo Broseta, la Abogacía sí reduce considerablemente la solicitud de pena de los siete años que solicitaba Anticorrupción a 2 años y 8 meses porque no son funcionarios públicos y sólo los considera «cooperadores necesarios» de los anteriores delitos por lo que, según una sentencia del Supremo de 2009, para ellos sólo prevé «una disminución de pena en comparación con el autor».
A efectos de recuperar el dinero malversado por los contratos adjudicados a los tres empresarios, la Generalitat reclama 686.089,83 euros a Helga Schmidt y Ernesto Moreno «que responderán solidariamente». A ambos se les embargarán bienes por esta cantidad y, en la sentencia si llegaran a ser condenados, se decidirá qué parte del pago deben asumir.
Los dos exaltos cargos también deberán responder de forma solidaria junto a José Antonio Noguera y Joaquín Maldonado de los 383.073 euros supuestamente malversados a través de Patrocini de les Arts SA y Viva Europa June 24 TH SLU, las empresas creadas por ambos empresarios para buscar patrocinios y retransmitir las óperas al aire libre.
La responsabilidad civil de Schmidt y Moreno también se extiende a la empresa de Pablo Broseta, Radcliffe & Asociados SL, por lo que la Generalitat reclama que los tres respondan solidariamente de los 303.016 euros en sobrecostes pagados a esta «mera intermediaria», en palabras de Anticorrupción, para la impresión de folletos y libretos de la ópera.
Por último, la Abogacía de la Generalitat exige una multa de 6.000 euros para los dos exaltos cargos y quince años de inhabilitación, además de multas de 2.700 euros y cinco años de inhabilitación para cada uno de los tres empresarios.
Respecto a los testigos solicitados, los letrados del Consell sólo reclaman la testifical en el juicio oral de once trabajadores del Palau de les Arts y las empresas implicadas en la investigación (o los proveedores que intervinieron). Por el contrario, la Fiscalía Anticorrupción elevaba a 21 las declaraciones solicitadas para la fase de juicio oral entre las que destacan la de la exconsellera de Cultura, Trini Miró, o el expresidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido, que llegó a formar parte de Patrocini de les Arts SA y avaló con un informe jurídico la participación de Schmidt en la mercantil y la externalización del servicio de patrocinios.
Respecto al relato de los hechos, la Abogacía de la Generalitat coincide con lo apuntado hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 15. La empresa creada por los empresarios Noguera Puchol y Maldonado, Patrocini de les Arts, no tuvo «ningún efecto positivo en la gestión» de los patrocinios y supuso «una reducción tanto del número de patrocinadores como del importe económico de las aportaciones totales recibidas por el Palau de les Arts». Respecto a las funciones de ópera en la calle, el coliseo pagó «sobrecostes carentes de toda justificación». Al igual que los libretos y folletos contratados a la empresa de Pablo Broseta que llegó a tener beneficios del 69% y el 152% por ejercer de «mediador» en los contratos adjudicados por el Palau de les Arts.
